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Hace un par de semanas, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, dijo en un programa de televisión que en el año y medio que lleva el Estado de Excepción han puesto en libertad a siete mil inocentes capturados, lo cual demuestra que “el sistema de justicia en El Salvador funciona”. Pues no, señor ministro, que haya capturado a siete mil inocentes amparados en la ley del Estado de Excepción, siendo inocentes, y que los hayan puesto en libertad después de un año de capturados significa que el sistema de justicia no funciona.
En primer lugar, esos inocentes nunca debieron ir a prisión, pues a las cárceles se llevan a los culpables, a los delincuentes. Y si se refiere al margen de error del que se jactan las autoridades de seguridad, incluido el presidente de la República Nayib Bukele -según estos es del 1%-, estos inocentes debieron haber sido puestos en libertad a la brevedad posible, es decir, 72 horas si no tuviéramos Estado de Excepción o un par de semanas con el Estado de Excepción, y no seis meses, un año o año y medio como ha sucedido.
Si el sistema judicial funcionara, los jueces deberían ordenar la libertad inmediata de quienes en combo son llevados ante los tribunales con la única prueba de que “al policía le parece sospechoso” o que “la voz pública” acusa a alguien de ser sospechoso.
Cuando el sistema de justicia funciona, se lleva a prisión y se somete a todo el proceso judicial solo a aquel del que tanto la Fiscalía como la policía tiene las pruebas suficientes de la culpabilidad.
Inventar delitos en el camino para justificar la captura, como el que “mostró resistencia”, y luego decir que es “sospechoso” de ser parte de una estructura criminal no es muestra de que el sistema judicial funcione.
Que los jueces sean reunidos para indicarles que los sospechosos que se lleven a los tribunales en masa deben ser condenados sin más pruebas que las deficientes evidencias fiscales y policiales no es la forma de demostrar que el sistema de justicia funcione. Si el sistema judicial funcionara, la Dirección de Centros Penales cumpliría las órdenes de los jueces cuando resuelven poner en libertad a los prisioneros.
El caso más ejemplarizante es el de los cinco ambientalistas, quienes, si el sistema judicial funcionara, desde el viernes pasado debieron ser puestos en libertad para cumplir el proceso en su contra en arresto domiciliario, tal como lo ordenó el Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque.
La orden del Juzgado de Instrucción ha sido desobedecida por la Dirección General de Centros Penales, por eso varias organizaciones han denunciado tal desobediencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Si el Sistema Judicial funcionara, señor ministro, no habría necesidad de recurrir ante un organismo regional para que se cumpla una resolución de un juez en El Salvador.
Es más, si el sistema de justicia funcionara los seis capturados en la comunidad Santa Marta, entre ellos cinco líderes ambientalistas y comunitarios, nunca debieron ser capturados y tenerlos en prisión más de medio año hasta hoy, sin que la Fiscalía tenga pruebas fehacientes del delito del que se les acusa.
Volviendo a los siete mil liberados de los más de 70 mil capturados en el marco del régimen de excepción, estos representan el 10 por cien y no el uno por cien como sostiene el presidente Bukele como “margen de error”. Pues, que el margen de error hasta hoy es del 10% y el 1%, es prueba fehaciente de que el Sistema de Justicia no funciona.
Y si los que están a cargo de la persecución del delito en El Salvador, tuvieran alguna noción de Justicia, al menos deberían reconocer el error, pedir disculpas a los inocentes afectados y reparar los daños causados. Así de simple señor ministro.
