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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La legislatura 2021-2024 está por terminar, y nuevamente muchos de los problemas de la población quedaron en el olvido; esta legislatura dominada por Nuevas Ideas se caracterizó por dar un golpe de Estado, aprobar leyes sin discusión y vía exprés y ser una dependencia más de Casa Presidencial.
La primera acción del oficialismo fue dar un golpe de Estado al destituir ilegalmente a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general de la República. Colocó en esos puestos, a funcionarios leales a Bukele. Este golpe se consumó al aprobar un decreto para jubilar a los jueces y fiscales mayores de 60 años o que tuvieran más de 30 años de servicio.
La legislatura aprobó en tan solo 5 horas, la Ley Bitcoin, una normativa sin discusión que avala al bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador; sin embargo, la política no le ha funcionado al Estado, pese a ello, el Gobierno de Bukele insiste en tenerlo a la expectativa.
El oficialismo aprobó también la “Ley Alabi”, un decreto que blindó a funcionarios involucrados en irregularidades de las compras de insumos para enfrentar la pandemia de covid-19.
El contenido de la ley destacó que el Ministerio de Salud y todas las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud podrían hacer contrataciones directas fuera de las reglas que establecía la Ley de Compras y Adquisiciones de la Administración Pública (LACAP).
El decreto establecía que dicha flexibilidad en los términos de contratación sería retroactiva, aunque la Constitución lo prohíbe.
En diciembre de 2021, el oficialismo aprobó la Ley General de Recursos Hídricos, es decir, una ley de aguas que las anteriores legislaturas no pudieron aprobar; sin embargo, esta ley no cumplió con las condiciones que las organizaciones y juntas de aguas habían solicitado; pues prioriza a las empresas y no a los sistemas comunitarios de agua.
En diciembre de 2022 la Asamblea aprobó una reforma al Sistema de Pensiones; con la nueva normativa se eliminó el beneficio de retirar el 25% de anticipo de ahorros de los trabajadores. Entre los cambios es que se aumentó la pensión mínima a $400, se creó un Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) que sustituirá al actual INPEP y la derogatoria del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP).
La legislatura también avaló un régimen de excepción que ha violentado los derechos humanos de miles de personas inocentes, la medida se mantiene vigente y el pasado 27 de marzo, cumplió 2 años; sin tener aún fecha de caducidad.
La Asamblea Legislativa se caracterizó por ignorar a la población que cada semana se presentaba en las afueras de las instalaciones para exponer sus problemáticas; una de ellas es la Ley de Justicia Transicional que, pese a que Nuevas Ideas tenía los votos, se llegó al fin de la legislatura y aún no existe una reparación a las víctimas del conflicto armado.
Nuevas Ideas no solo ignoró a este sector; sino a muchos que buscaban en la Asamblea, legislación; como las trabajadoras domésticas, exveteranos, maestros, sindicatos, agricultores, campesinos entre otros.
En lo que acertó la legislatura saliente fue en complacer al Ejecutivo, al aprobar, sin cuestionamientos, las iniciativas que mandara; sin importar el rubro; el oficialismo lo consideró como “gobernabilidad”; sin embargo, la oposición catalogó a la Asamblea como una mera pasa papeles del Gobierno central.
Se viene una legislatura muy parecida solo que con 24 legisladores menos debido a la reducción de diputados; Nuevas Ideas y aliados tendrán 57 diputados y la oposición tan solo 3 diputados.
