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Redacción Nacionales
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La propuesta de implementar la cadena perpetua en El Salvador es una respuesta del Gobierno de Nayib Bukele al informe presentado por el GIPES, recientemente, que señala al gobierno de haber cometido delitos de lesa humanidad en el marco de Régimen de Excepción, así lo expreso en Encuentro con Julio Villagrán, el antropólogo y analista político Marvin Aguilar.
La medida, que aún requiere ratificación mediante una reforma constitucional, ha sido impulsada en paralelo a un ambiente de tensión tras informes que señalan al Estado salvadoreño por presuntas violaciones a los derechos humanos e incluso posibles crímenes de lesa humanidad, insistió Aguilar.
Aguilar sostuvo que la discusión sobre la cadena perpetua no es únicamente jurídica o penal, sino que refleja una decisión de fondo sobre el tipo de Estado que se está construyendo.
“El Estado tiene dos lógicas: cuidar a su población o reprimirla para controlarla”, afirmó. A su juicio, en el contexto actual el Gobierno se inclina hacia una lógica de control social, la represión.
El académico considera que la propuesta surge en un momento en que el Ejecutivo enfrenta cuestionamientos internacionales, particularmente de organismos vinculados a Naciones Unidas y la OEA.
Según explicó, estos informes han abierto la posibilidad de que altos funcionarios salvadoreños puedan ser investigados en instancias como la Corte Penal Internacional, lo que ha generado una reacción política defensiva.
Ese informe “abre la puerta para que el presidente de la república, el ministro de la defensa, el ministro de justicia y seguridad sean procesados penalmente”, reiteró Aguilar.
Críticas a la respuesta oficial
Aguilar cuestionó la forma en que el Gobierno y sus voceros han respondido a los señalamientos, argumentando que no han presentado contraargumentos técnicos o jurídicos sólidos que respondan a los señalamientos.
“Se ha respondido con descalificaciones, teorías sobre financiamiento externo y acusaciones sin sustento, pero no se han desmentido puntos clave del informe”, señaló.
Entre los aspectos que, según el analista, no han sido aclarados están denuncias de muertes bajo custodia estatal, detenciones de menores de edad y supuestos abusos a los mujeres dentro del sistema penitenciario.
En ese sentido, considera que la narrativa oficial ha buscado desviar la atención hacia enemigos externos, como figuras internacionales, en lugar de abordar el contenido de los informes, por eso mencionan a George Soros de estar detrás de las organizaciones denunciantes.
Cadena perpetua y riesgos históricos
El debate también ha incluido voces críticas desde distintos sectores. El sacerdote Vicente Chopin advirtió recientemente que la cadena perpetua podría interpretarse como una “pena de muerte encubierta”, lo que abre cuestionamientos éticos y legales.
Aguilar reforzó esta preocupación al recordar antecedentes históricos en El Salvador, como el caso de Victoriano Gómez Urrutia, un joven ejecutado en la década de 1970 en medio de irregularidades judiciales.
Según relató, ese caso evidenció las limitaciones del Estado para aplicar castigos extremos sin caer en errores o abusos, lo que llevó posteriormente a prohibir la pena de muerte y la cadena perpetua en la Constitución de 1983.
“El problema es que el Estado salvadoreño no ha demostrado tener la capacidad para decidir de forma irreversible sobre la vida o el destino de las personas”, advirtió Aguilar.
Apoyo popular y dilemas sociales
A pesar de las críticas, la propuesta podría contar con respaldo ciudadano, especialmente en un país que enfrentó altos niveles de violencia durante décadas.
La idea de imponer cadena perpetua a delitos graves como homicidio, violación o terrorismo puede resultar atractiva para sectores que demandan mayor dureza contra el crimen, conducidos por la narrativa gubernamental.
Tanto la cadena perpetua como la pena de muerte, omiten la reinserción social, un principio fundamental en sistemas penales modernos. La cadena perpetua, señalan críticos, elimina de facto cualquier posibilidad de rehabilitación, una obligación del Estado.
Informe del GIPES
Aguilar manifestó que el informe pasa a la etapa del debte internacional, en foros académicos, políticos y legislativos en otros países, incluso, si ganan los demócratas, también en Estados Unidos.
En ese escenario, un cambio en la correlación en el Senado de los Estados Unidos podría traducirse en presiones diplomáticas o condicionamientos a El Salvador.
“El informe es el inicio de un proceso, no el final”, subrayó.
Un debate abierto
La propuesta de cadena perpetua se perfila como uno de los temas más sensibles en la agenda nacional. Mientras el oficialismo la presenta como una herramienta para fortalecer la seguridad, sus críticos advierten sobre riesgos legales, históricos y políticos.
Por ahora, el país enfrenta una pregunta de fondo: hasta dónde debe llegar el Estado en su búsqueda de seguridad, y qué costo está dispuesto a asumir en términos de derechos y garantías fundamentales.
