Los casos poco creíbles

José M. Tojeira

En los casos judiciales hay situaciones obvias y creíbles. Otras requieren investigaciones complejas y pueden dejar dudas, aunque lo normal sea aceptar el criterio del juez. Pero hay algunos casos que resultan poco creíbles. Los casos de Alejandro Henríquez o José Ángel Pérez son un ejemplo de estos últimos.

Vimos en las redes la detención de José Ángel. No había amenaza a la seguridad ni una resistencia agresiva a la detención. Alejandro Henríquez se comportó como abogado defendiendo a su representado. Es un abogado joven, defensor de derechos, acompañante de gente sencilla. Es normal que el abogado discuta si siente que a su representado le están violando algún derecho. Decir que se sospechaba que querían entrar violentamente en una propiedad privada no es una sospecha, es simplemente un acto de imaginación desbocada. Los han metido en la cárcel y no les han dado el derecho a la presunción de inocencia.

Cuando no hay violencia, y en el caso que comentamos parece que no la hubo, los casos de resistencia a la autoridad tienen penas que se pueden normalmente sustituir por servicios sociales. A pesar de ser un caso en el que la acusación de resistencia no está clara, el juzgado han decretado además reserva de información y no pueden recibir visitas en la cárcel.

El caso de Ruth E. López tiene rasgos semejantes, aunque el delito del que se le acusa sea distinto. No son casos como los de algunos militares del pasado que cometieron graves crímenes y fueron durante largo tiempo juzgados en libertad. En el caso de los defensores de derechos humanos la dureza pesa más que cualquier otra consideración a pesar de que no se puede hablar de delitos graves sino de delitos leves  para muchos inexistentes.

Los casos poco creíbles causan siempre conmoción. No es raro que en las encuestas una buena parte de los encuestados digan que tienen miedo a expresar críticas. También despierta estupor en instituciones serias, defensoras de derechos humanos, que intervienen sin ser escuchadas a pesar de tener opiniones fundadas en normativa jurídica internacional reconocida formalmente por El Salvador. Y por supuesto hacen creíbles las afirmaciones de la falta de independencia judicial o, al menos, el bajo nivel jurídico de los jueces. Aunque hay abogados valientes que no dudan en hacer sus críticas, muchos de los que están llevando casos, del nivel que sea, prefieren no exteriorizar sus críticas en público, según ellos mismos, “por precaución”.

Esta situación no es buena para nadie. Y menos para quienes está presos. El ideal es que la Fiscalía hiciera una evaluación de lo sucedido y retirara los cargos. Prolongar la situación y mantener la reserva de información hace cada vez menos creíbles los casos. En general la reserva de información en casos judiciales es una limitación al derecho a la información que solo se debe tomar en casos sumamente graves que afecten a la seguridad nacional, perjudiquen la investigación o pongan en peligro la seguridad de las partes o el debido proceso. Nada de eso parece estar en juego.

Uno puede entender que tanto a jueces como a fiscales les moleste que la ciudadanía les critique. Pero para evitar la crítica no hay nada mejor que el diálogo y una cierta racionalidad y transparencia que no parece existir en el proceso judicial. Hace dos meses, el 29 de Mayo de este año, la Conferencia Episcopal de El Salvador solicitaba al gobierno “que no se persiga a los defensores de derechos humanos por el simple hecho de ejercer esa función”. Y añadía que si hubiera algunos presos, sus casos debían ser estudiados y sus personas puestas en libertad de inmediato. La petición es muy seria, pues nadie hace este tipo de recomendación o petición si piensa que nadie tiene peligro de verse privado de libertad por defender derechos.

La reflexión, la reversión de la situaciones judiciales poco creíbles y más diálogo con la sociedad civil son caminos indispensables para construir la necesaria cohesión social y la participación en proyectos de realización común.