BUENOS AIRES/Sputnik
Movimientos sociales y políticos junto a asambleas barriales y otras organizaciones se movilizan este 31 de enero frente al Congreso argentino contra la ley ómnibus del Gobierno, que delega facultades del Poder Legislativo al presidente Javier Milei.
«La convocatoria de hoy tiene que ver con una ley que intenta aprobar el Gobierno de ley antiobrera, antidemocrática y antipopular», explicó a la Agencia Sputnik el líder del partido de izquierda Polo Obrero, Eduardo Belliboni.
Ante un Parlamento vallado y custodiado por la policía, el también dirigente de la Unidad Piquetera, frente que reúne a una treintena de organizaciones sociales, aseguró que los movimientos sociales tienen la intención de permanecer frente al palacio legislativo mientras dure la sesión plenaria.
El proyecto de ley ómnibus, cuyo nombre formal es Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, es «violadora de todos los derechos de los trabajadores, de los sectores del movimiento popular, de aquellos que han sido puntal en la defensa de los derechos civiles y democráticos», aseguró el dirigente social.
«Vamos a estar aquí todo lo que sea necesario, incluso a la noche si sigue la convocatoria, y si no seguirá mañana», afirmó Belliboni.
Con la expectativa de que el debate en la Cámara de Diputados se extienda por hasta 40 horas y pese al calor que atenaza la ciudad de Buenos Aires con temperaturas que rondan los 32 grados, también pretenden acercarse hasta el Congreso organizaciones de derechos humanos y movimientos culturales, estudiantiles y sindicales.
«Vienen asambleas populares, organizaciones de lucha y vamos a juntarnos para tirar abajo esta ley del Gobierno de Milei que tiene características reaccionarias antiobreras», aseguró el líder del Polo Obrero, uno de los principales dirigentes sociales que promueve protestas contra la actual gestión.
Entre tanto, en el plenario, el diputado nacional Gabriel Bornoroni, de la coalición oficialista La Libertad Avanza (ultraderecha), defendió el borrador de la norma al asegurar que representa «un shock de libertad para los argentinos».
El Gobierno argentino cree que cuenta con los números necesarios para aprobar el proyecto de ley ómnibus, una iniciativa de
385 artículos que delega facultades del Poder Legislativo en el presidente,
Javier Milei, en el marco de una declaración de emergencia que afecta siete áreas: económica, financiera, fiscal, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa.
Durante el debate, un empresario simpatizante del oficialismo, Tomás Agote, fue expulsado del recinto después de proferir insultos desde uno de los palcos contra la diputada del Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (FIT-U) Myriam Bregman.
El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, intentó en un principio continuar la sesión bajo la promesa de que no se volverían a producir faltas de respeto, pero la resistencia de los bloques opositores llevó a que el visitante fuera echado del hemiciclo.
El oficialismo tendría mayoría absoluta para lograr la media sanción del texto en general, de manera que obendría el voto a favor de al menos 129 diputados, en un recinto que tiene 257 escaños.
Los bloques de la oposición dialogantes con el Ejecutivo, sin embargo, podrían dividirse a la hora de votar cada artículo.
La coalición gobernante cuenta con el respaldo de sus 38 diputados y siete legisladores aliados, a los que se suman otros 37 del Pro, partido fundado por el expresidente Mauricio Macri (2015-2019); 34 de la Unión Cívica Radical (UCR), y el de otros bloques de la oposición de menor peso, como Innovación Federal y Hacemos Coalición Federal.
Pese a que el borrador de la norma completa recibió hace una semana el dictamen positivo de un plenario de comisiones de Diputados, el Ejecutivo decidió retirar el viernes el capítulo fiscal del proyecto, tras constatar reticencias por parte de gobernadores y legisladores de ciertos bloques de la oposición dialogantes.
En relación a las privatizaciones que posibilita el proyecto, el oficialismo aceptó excluir a YPF, una sociedad mixta en la que el Estado controla el 51% de las acciones, y que figuraba entre las 41 empresas públicas que eran susceptibles de pasar a ser controladas por el sector privado.
El Gobierno también se resignó a que otras empresas públicas, como Banco Nación, Nucleoeléctrica y la empresa de telecomunicaciones Arsat, solo puedan ser privatizadas de manera parcial, de manera que la compañía siga bajo el control del Estado.
El Ejecutivo de Milei sí mantiene bajo el espectro privatizador a otras 35 empresas estatales, como Aerolíneas Argentinas, la empresa de agua AySA, Correo Argentino, Trenes Argentinos, la agencia de noticias Télam y la Televisión Pública, lo que genera resistencias entre algunos diputados y gobernadores.
En paralelo, la iniciativa del oficialismo ha sido cuestionada por desfinanciar la cultura y eliminar el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el Instituto Nacional del Teatro, y el Fondo Nacional de las Artes, entre otras instituciones públicas.
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