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martes , 24 octubre 2017
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La vida… ¿es primero?

José  Roberto Osorio, no rx M. Sc.
Economista

La  coyuntura permite analizar los enfoques  con que  las propuestas de gobierno han sido formuladas, cure para constatar si las mismas  tienen en cuenta los  derechos humanos y su importancia para el desarrollo. Desde hace  años existe consenso generalizado en que los derechos humanos son imprescindibles para el logro del desarrollo, vínculo que quedó claramente explicitado en el Informe sobre Desarrollo Humano 2000 del PNUD: “Los derechos humanos y el desarrollo humano comparten una visión y un propósito común: garantizar la libertad, el bienestar y la dignidad de cada ser humano”, reconociendo los derechos humanos como parte intrínseca del desarrollo y de este como un medio para hacerlos realidad.

Tal enfoque tiene como objetivo integrar en las prácticas del desarrollo los principios éticos y legales inherentes a los derechos humanos y cortar con anteriores prácticas centradas en la identificación y satisfacción de necesidades básicas de la población, sustituyéndolas por prácticas basadas en el reconocimiento de que toda persona es titular de unos derechos inherentes. El objetivo ya no es la satisfacción de necesidades, sino la realización de derechos. Esta distinción es clave. Los derechos implican obligaciones. Las necesidades no. Hablar de derechos implica identificar quién tiene responsabilidades en relación con su cumplimiento.

Además, para garantizar el pleno respeto de los derechos reconocidos se ha señalado que los Estados deben “organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos”.

Por otra parte, se  comprenden las  dificultades de  construir planes  de  gobierno a partir de  denuncias, quejas, reclamaciones, deseos, solicitudes y articularlas debidamente en un marco en que se  garanticen resultados de  calidad. Esta situación podría resolverse  al reconocer  que  el derecho fundamental de  las  personas es el derecho a  la vida. Puede  parecer  perogrullada, pero si una persona está muerta no puede  ejercer  el conjunto de  derechos que le son inherentes. De tal modo que los Estados deben poner en primer lugar la protección de  la vida e  integridad de  las  personas. De hecho, así lo establecen instrumentos internacionales  de  Derechos Humanos. El Art. 3 de la Declaración Internacional de Derechos Humanos señala: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.

La  Constitución de la República en el Art. 2  pone: “Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos”.

Teniendo en cuenta los problemas  actuales  del país  y la complicada situación fiscal,    resultaría conveniente que los planes  de  gobierno se  articulen alrededor de la protección del  derecho fundamental de  las  personas  para, en primer  lugar,  detener el chorro de  sangre de todos los días  que salpica a toda  la institucionalidad,  incluyendo a las entidades que se  dedican a  “la promoción del bien” y en general a  toda  la sociedad. El crimen y sus consecuencias  han generado y consolidado una imagen externa  del país muy negativa que afecta a todas  las  actividades de  la sociedad. El crimen impacta negativamente en la salud, la educación, la  economía y a todas las  actividades. Ya la “seguridad” no debe ser  el cuarto “eje” o tercera “prioridad” en  los planes. De nada sirve ofrecer  la creación de  empleos cuando las empresas  deben cerrar cada día debido a las  amenazas y la muerte. Es impostergable formular un plan dirigido a la protección integral de las  personas y combatir de manera frontal, inteligente y creativa al crimen y a la violencia.

Si a lo anterior se  agrega la aplicación del Principio de Pareto, (regla del 80-20), se  puede  incluso disminuir  el burocratismo en  la administración, ya  que se  concentrarían esfuerzos, recursos, energía e inteligencia  en el problema  central que  afecta a  todo y que  al resolverse también contribuye a solucionar las demás carencias o limitantes.  En vez  de  atender a  los muchos triviales, se  debería trabajar en los pocos  vitales.

Asimismo, apoyando las iniciativas  para hacer  un gobierno eficiente y austero, podría considerarse aplicar también el Principio o Revelación de Sturgeon que los especialistas resumen en “el 90% de  todo es desechable”.

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