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Mientras el gobierno del presidente Nayib Bukele busca instaurar la narrativa, tanto en El Salvador como en el exterior, que el tema de la persecución política “es una leyenda urbana”, o producto del discurso de la oposición para desprestigiar al gobierno, en la última semana se han dado hechos que vienen a corroborar las denuncias.
En primer lugar, el hecho de que España haya otorgado el asilo político a tres salvadoreños por “ser perseguidos políticos”. Se trata de los abogados y defensores de los Derechos Humanos y miembro de a Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) Ivania Cruz y Rudy Joya, así como Ramiro Navas, excandidato a alcalde por San Salvador por el extinto partido opositor Nuestro Tiempo.
“Es muy difícil que el Estado español conceda asilo político. El porcentaje es bajo, pero en nuestro caso se comprobó que existe persecución y riesgo real si regresamos a El Salvador”, dijo la semana pasada Ivania Cruz, al informar sobre el asilo.
Tanto Ivania Cruz como Joya se encontraban de gira en España a finales del año pasado, cuando un juez decretó detención contra ambos por supuestas “asociaciones ilícitas”.
España y Joya, además, fueron víctimas de la persecución de Interpol, luego de la solicitud de un tribunal salvadoreño para sus capturas y posterior extradición. A principios de este año, Joya fue capturado en España, mientras que Cruz acudió voluntariamente ante las autoridades policiales. La extradición no prosperó, porque ambos ya habían iniciado el proceso de asilo.
Por la intervención de la Interpol en este caso, Naciones Unidas lo calificó como “represión transnacional”, lo que fue calificado como la primera victoria contra el gobierno autoritario de Nayib Bukele.
Para el periodista Leonel Herrera, el asilo político de España a los tres salvadoreños fue la respuesta al pobre papel del vicepresidente de la República, Félix Ulloa, quien intentó “lavar el rostro de los derechos humanos en El Salvador” en España y Alemania.
Ulloa, por cierto, en una entrevista en un medio público dijo que los 494 muertos en los centros penales, todos capturados en el marco del régimen de excepción, eran leyendas.
“Es una leyenda” que los muertos en las cárceles se deban al régimen de excepción”, dijo Ulloa al responder a una pregunta sobre el informe de Socorro Jurídico Humanitario (SJH) que reporta 494 muertes bajo custodia estatal en los 47 meses de régimen.
El otro hecho es la difusión del informe de la fundación Cristosal, titulado “El precio de disentir: Criminalización y persecución política en El Salvador (2019–2025)”, en el que documenta 235 casos de persecución política en el país.
Según el informe, siete de cada diez personas perseguidas por motivos políticos fueron criminalizadas. De ellas, 86 continúan detenidas, y solo siete han sido condenadas. la criminalización penal se ha convertido en el principal instrumento de persecución política, dice el contundente informe.
De las 245 personas documentadas, dice Cristosal, 180, es decir, el 73.4%, enfrentaron procesos penales. De estas, en 174 casos (96.6%) la persecución se realizó exclusivamente por la vía penal, mientras que en seis casos (3.4%) el Estado la combinó con otras acciones punitivas.
Entre los nombres más relevantes de la persecución política en El Salvador figuran Ruth Eleonora López, Silverio Morales, Antonio Durán Ramírez, Carolina Amaya, Lorena Peña, Wilson Sandoval, Mario Gómez, Jeannette Aguilar, Mauricio Ramírez Landaverde, Ramón Roque Mártir, Alejandro Muyshondt, Ovidio Hernández, Calixto Mejía, Francisco Antonio Lizama, Jorge Alberto Saravia, Héctor Silva Hernández, Ernesto Muyshondt, Fidel Zavala, Ivania Cruz y Rudy Joya, Víctor Barahona, Alejandro Henríquez Flores, José Ángel Bosque, Berta María Deleón y Enrique Anaya Barraza.
El informe de Cristosal señala que la criminalización penal se ha consolidado como un mecanismo central de represión, pero va acompañada de: hostigamiento y vigilancia, a través de amenazas, seguimiento, estigmatización pública y presión directa, entre los criterios a tomar en cuenta.
Antes de estos dos casos, el tema era si existe o no persecución política en El Salvador, la respuesta hoy es clara y contundente: sí, existe persecución política en el régimen autoritario de Bukele.
