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Por David Alfaro
Hace exactamente un año denunciábamos los problemas del viaducto de Los Chorros. Hoy, doce meses después, la noticia es que el Ministerio de Obras Públicas pide revisar el diseño y que los trabajos están suspendidos por una solicitud de rediseño, según las publicaciones de diario El Mundo.
¿Se dan cuenta de lo que esto significa? Después de tanta propaganda, de tantos anuncios grandilocuentes y de vender el proyecto como una obra monumental, ahora resulta que hay que revisar el diseño. Un año después, seguimos hablando de problemas que debieron resolverse antes de comenzar una obra de semejante envergadura y costos enormes.
En mis espacios de X llevamos tiempo advirtiendo sobre los riesgos de este proyecto. Lo que hoy ocurre demuestra, como mínimo, que hay preguntas serias que #Bukele y Romeo Herrera, ministro de Obras Públicas, deben responder:
¿Qué falló en los estudios originales?
¿Quién aprobó el diseño?
¿Qué advertencias hicieron los especialistas?
¿Cuánto dinero adicional costará esta revisión y quién asumirá la responsabilidad?
Porque aquí está el problema de fondo: en esta dictadura, la propaganda corre más rápido que la capacidad de resolver los problemas reales del país. Para anunciar obras, cortar cintas y posar ante las cámaras, siempre hay tiempo. Para explicar los errores, rendir cuentas y asumir responsabilidades, la cosa cambia.
Y no estamos hablando de cualquier proyecto. Estamos hablando de una obra estratégica para la movilidad de miles de salvadoreños, de cientos de millones de dólares de inversión pública y de una zona montañosa cuyo deterioro ambiental provocado merece explicaciones serias. Las imágenes de la intervención en los cerros son suficientes para exigir transparencia, estudios rigurosos y garantías de seguridad.
No voy a afirmar, sin pruebas, que cada problema técnico es corrupción. Pero sí hay que decirlo con claridad: cuando se manejan recursos públicos de esta magnitud, la opacidad y la falta de rendición de cuentas son inaceptables. Si hubo errores de diseño, deben identificarse. Si se ignoraron advertencias técnicas, hay que saber quién tomó esas decisiones. Y si el rediseño va a encarecer la obra o retrasarla, Bukele debe publicar las cifras y explicar por qué.
Lo más indignante es el contraste entre el discurso oficial y la realidad. Nos hablan de eficiencia, modernización y grandeza, pero cuando una obra de esta importancia necesita revisar su diseño y detener los trabajos, los ciudadanos tenemos derecho a exigir respuestas, no más propaganda.
¡UN AÑO DESPUÉS, LA PREGUNTA SIGUE EN PIE: QUIÉN SE HACE RESPONSABLE DE ESTE DESASTRE?
El dinero no es de Bukele ni de sus funcionarios. Es del pueblo salvadoreño. Y el pueblo merece saber qué pasó, cuánto costará corregirlo y quién responderá por las decisiones tomadas.
