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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“El agua, sin duda, es un tema complejo en lo jurídico, que si bien hay algunas leyes que tocan de manera general, ninguno lo hace de manera integral”, explicó, Luis González, de la dirección ejecutiva de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), quien trabaja en la Dirección de Incidencia y Gestión de Políticas Públicas.
“El problema es que ante la falta de integralidad de la gestión del agua, se dan choques o se crean conflictos de competencias entre las leyes vigentes”, compartió González a Diario Co Latino, en entrevista exclusiva.
-¿Cómo se definen las aguas en el país?
De los primeros cuerpos normativos que tocan el tema agua es el Código Civil, que ya plantea el tema de los ríos, de los lagos y playas que serán públicos todos estos espacios. Y según el planteamiento desarrollado, todas las aguas en el país son públicas.
Y porque te plantean que solo que sean aguas en donde pueden navegar buques de más de 2,000 toneladas -por decir algo-, no podría ser pública, claro y no hay en el país. Además, se considera público cierto nivel del territorio que se acerca al agua, por ejemplo, las costas que señalan desde el punto de más alta marea 200 metros adentro del continente o territorio son públicos, la playa es pública y no hay motivo de andar cerrando los espacios.
Tenemos, también la Ley de ANDA, que habla del agua de consumo humano; la Ley de Riego y Avenamiento para cultivos; la Ley de CEL que es agua para la generación de energía hidroeléctrica y tenemos la Ley de Áreas Protegidas, que está vinculada al desarrollo ecosistémico de un área protegida. Y así van las leyes tocando el agua, desde diversos marcos normativos que llega por la Ley de Protección Civil o Medio Ambiente.
-¿Qué representa este nivel de normativas sucesivas sobre el mismo tema?
El problema es que, ante la falta de integración de la gestión del agua, se crean conflictos de competencias entre las leyes. Digamos, el agua para riego y avenamiento, quien da permisos para este fin es el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), por medio de la Dirección Forestal Cuenca y Riego. Aquí hay un indicador importante, no todos piden permiso, solo los grandes usuarios que son detectados por el volumen que extraen. Y con los pequeños usuarios no hay capacidad o voluntad de la autoridad para monitorear o hacer seguimiento para comprobar si esos usos, están dentro de la legalidad.
No obstante, esa ley ya está obsoleta, es de los años setenta, y sin hablar de la cantidad que pagan por el agua, que son cantidades irrisorias y el MAG, sin capacidad de verificar la cantidad de agua utilizada.
La Ley de Riego y Avenamiento plantea que debe haber un medidor, como los que tenemos en casa que maneja ANDA, esos deberían tener los que consumen y utilizan el agua para riego. Y me atrevería a decir, que nadie tiene un macro medidor y ¿por qué es importante esta medición?, la Ley de ANDA plantea que se van a utilizar pozos de extracción de agua, para el consumo de la población. Y en un determinado momento, entre los pozos de ANDA y los de la industria cañera, ¿quién tendría más derecho?, a partir del concepto que el consumo humano doméstico es considerado un derecho humano, reconocido en el año 2010, por Naciones Unidas (ONU).
¿Qué tan grave es el problema del agua para riego?
Allí hay dos temas de legalidad, sobre el riego y el tema de agua potable de consumo humano que está regulado -digamos- si yo en mi casa en la zona rural, abro un pozo para mi ganado, pero en un momento se me ocurre empezar a embotellarla y venderla, pues bien, ese uso comercial del agua no está regulado. Y si bien, una familia abre un pozo artesanal está bien, por el consumo doméstico, que nunca se va a comparar con aquellos que extraen el agua del subsuelo para extensos cultivos y tampoco tienen regulación.
Embotelladoras o empresas de bebidas de soda, si bien ANDA, les hace un cobro también, es difícil rastrear su legalidad en cuanto a la cantidad. No te digo que sea malo, pero no piden permiso es como, ir a la Unidad Técnica y pagas un canon que es risible por lo bajo del costo para el monto de agua que extraes. Esta falta de regulación trae conflicto social, porque el agua de mejor calidad, de más fácil acceso y más barata las tienen las empresas e industrias y la de peor calidad, difícil acceso y más cara las tiene la población.
-¿Cuáles son las imprecisiones de la Ley de ANDA?
Veamos, el caso de las urbanizaciones en la ciudad que hacen un estudio ambiental para la construcción del complejo -incluso- en el tema de la extracción del agua, el mejor ejemplo que tenemos es Valle El Ángel, que le dan permisos ambientales y en dos ocasiones el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), fue declarada en Emergencia Hídrica, por falta de agua potable.
Entonces, la zona de recarga de agua de San Salvador en la zona del Valle El Ángel, que es una recarga del 30 %, porqué se permiten obras, que van a impermeabilizar los suelos y que tendrán una sobre explotación del acuífero para llevar agua a esa urbanización. Esa mentalidad no es racional, pero también, forma parte del concepto de desarrollo que tiene la legislación en esa materia.
-¿La propuesta de una Ley General de Agua vendría a unificar criterios?
De cara a estas situaciones, en el 2006 se presenta la primer propuesta de Ley General de Agua, con un concepto holístico o integral a la gestión del agua, tomando en cuenta la disponibilidad del agua, la actividad, la cantidad de recarga, los distintos usos de la misma y la garantía del acceso al agua. Eso es lo que no tenemos.
No se puede seguir, es lamentable que tengamos una embotelladora, sacando agua del acuífero de San Salvador y que lo está agotando y aunque pague una cantidad -no sabemos cuánta es, pero es poco- por la explotación del uso del acuífero.
Y tenemos otra gente en San Salvador pagando 0.20 centavos por metro cúbico de agua, son cinco barriles, y hay población en los Planes de Renderos que no les llega el agua y deben pagar 11.00 dólares por metro cúbico, que es llenado por camión cisterna. Y la gente de riego y avenamiento no pagan nada y no piden permiso por el uso del agua, esto es peor y sin duda se complejiza la situación y genera un país en crisis hídrica.
-¿Cómo lograr que este problema se aborde a todo nivel?
Es relativo, en un país en crisis, a quién le conviene más esta situación -claro- los intereses económicos porque en un país con poca agua y de está la mayoría contaminada, vender el agua como agua limpia es un gran negocio.
El último Índice de Calidad de Agua (2019) y que hizo público el año 2020, coincidió con la crisis de agua potable en San Salvador, por calidad y acceso de agua, que según el indicador el 100 % del agua, de los 121 puntos de muestreo que hace el Ministerio de Medio Ambiente, señalaron que está contaminada el agua.
Hace algunos años se anunciaba que era el 90 % o 92 % el agua estaba contaminada, pero ahora es el 100 %, o sea ninguna agua es apta para el consumo humano. Y de ese 100 % muestreo, ¿cuánta es apta para potabilizar? Estoy hablando de medios convencionales que es hirviéndola o clorarla, y pues ninguna de las dos opciones eran las viables.
El 100 % del agua del país, en los 121 puntos de muestreos que hizo el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), ninguna es apta para potabilizar por medios convencionales, y sigue contaminada, porque hay metales pesados, agrotóxicos y solo puedes quitar las heces fecales, todo esto es complejo.
Y todo este problema del agua se verá complicado por el cambio climático es por eso, lo urgente que haya una regulación del agua. Esta falta de regulación del recurso hídrico conviene a las empresas, porque ellos, como buenos pescadores, en este caos del océano de la gestión del agua, son quienes aprovechan los espacios. Y tampoco queremos en el ente regulador del agua a la empresa privada porque serían juez y parte. Como UNES, que formamos parte de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, planteamos que el ente debe ser eminentemente público, porque desde lo público se resguardan los derechos de la colectividad.
