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El presidente de la República anunció en un “tuit” el martes de la semana pasada que el gabinete de seguridad se dirigía hacia la Asamblea Legislativa a presentar un proyecto de ley para reformar el artículo 27 de la Constitución, para validar la cadena perpetua, que desde 1983 era prohibida por la Constitución. Horas después, y de forma exprés, la Asamblea Legislativa, con 59 votos, aprobó la propuesta.
Antes de la aprobación, el ministro de seguridad, como era de esperar, en su diatriba en contra de las organizaciones defensoras de los derechos humanos: “Ahora vamos a ver a esas organizaciones defendiendo violentos, violadores, asesinos, terroristas”.
Pero también dedicó un espacio para atacar a tres de los diputados de la oposición, aunque dos de ellos acompañaron al oficialismo en la votación. “El voto de ustedes no cuenta porque no tienen ninguna legitimidad soberana sobre este país”, le dijo el ministro a los tres diputados opositores.
De los tres, solo Claudia Ortiz votó en contra, y en su argumentación explicó que no se puede votar una reforma constitucional de forma exprés e inconsulta.
El sacerdote Juan Vicente Chopín criticó también la primera aprobación a la reforma constitucional, pues, antes debió ser parte de un “debate profundo”, en el que participaran diversos sectores como la iglesia misma, las organizaciones defensoras de derechos humanos, la academia, los abogados y la Corte Suprema de Justicia.
La aprobación de la cadena perpetua, que necesita de una ratificación, demuestra la lógica política del actual gobierno: primero la represión, luego la prevención y por último la educación. Desde la racionalidad, la lógica debería ser al revés, es decir, la educación, la prevención y por último la represión.
El antropólogo Marvin Aguilar no duda que la imposición de la cadena perpetua es una respuesta del gobierno de Bukele al informe recién presentado por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) ante organismo de la OEA y las Naciones Unidas sobre posibles delitos de lesa humanidad cometidos por el gobierno en el marco del régimen de excepción.
Además, dijo Aguilar, de esa forma el Estado renuncia a una obligación de un Estado moderno: la reinserción social.
Así las cosas, no se puede dudar que la cadena perpetua, pese a lo grave que pueda significar, sobre todo aplicarla en un país que hasta el sistema judicial lo controla el presidente Nayib Bukele, pues solo basta un tuit hacia un juez para que éste cumpla la orden del jefe, es una medida de carácter electoral.
Bukele ha logrado mantener su popularidad con los resultados positivos en el tema de seguridad, pero éste se le puede agotar antes de las elecciones de febrero de 2027, entonces, busca la segunda parte, y allí encaja la pena perpetua o “muerte oculta” como la calificó en algún momento el Papa Francisco.
Es decir, Bukele necesita que el electorado siga pensando en la violencia, en las maras, y por ende en la seguridad de Bukele. Por eso, la cadena perpetua se convierte en un tema de campaña electoral adelantada.
Pero, también es una cortina de humo, en dos direcciones, por un lado, Bukele evita que los salvadoreños se adentren en el informe del GIPES, que, de forma clara y contundente, presenta casos fehacientes de delitos de lesa humanidad, y que más allá de descalificarlo al echarle la culpa al periodismo y a las organizaciones de derechos humanos, y con mentiras, no ha respondido a la esencia del informe.
Asimismo, evita que los salvadoreños exijan al gobierno medidas de contención ante el encarecimiento por la guerra que Estados Unidos inició contra Irán, que además de los miles de víctimas mortales, también está encareciendo los productos en general ante el alza de los precios del petróleo. Veamos que tanto aguanta este pueblo, que debe escoger entre la realidad virtual del gobierno, y la realidad -“real”- en la mesa de los hogares.
