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Redacción Nacionales
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La abogada Ivania Cruz, de UNIDEHC, cuestionó el discurso del Gobierno de Nayib Bukele sobre la posible liberación de personas capturadas bajo el régimen de excepción. Su señalamiento apunta a una contradicción de fondo: si el Gobierno presenta a todos los detenidos como culpables, ¿por qué ahora plantea liberarlos? Para Cruz, la discusión debe centrarse en las víctimas inocentes que continúan esperando justicia, no en un supuesto perdón del poder.
¿Liberar inocentes o perdonar culpables?
La abogada Ivania Cruz puso sobre la mesa una pregunta que interpela directamente al Gobierno de Nayib Bukele: ¿pretende liberar a pandilleros o reconocer que entre los detenidos hay personas inocentes? Durante una entrevista en #ViralesDeHoy, la representante de UNIDEHC retomó los planteamientos del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR), que ha exigido la libertad de quienes fueron capturados injustamente.
Cruz enfatizó que la demanda de las organizaciones de derechos humanos no consiste en pedir un favor al Gobierno, sino en reclamar justicia para las víctimas inocentes. A su juicio, existe una diferencia fundamental entre reconocer que hay personas encarceladas injustamente y presentar su eventual liberación como una concesión de las autoridades.
El problema de presentar a todos como culpables
Cruz cuestionó la narrativa oficial que ha acompañado la política de seguridad del Gobierno. Según su planteamiento, si las autoridades han proyectado la idea de que todos los detenidos son culpables, cualquier anuncio de liberación abre interrogantes sobre la solidez de esas afirmaciones y los criterios que se utilizarán para decidir quién recupera su libertad.
La abogada sostuvo que no se puede confundir la exigencia de justicia con un acto de clemencia presidencial. Las personas inocentes no necesitan que el poder las perdone: necesitan que se reconozca que no debieron ser encarceladas. Esta distinción coloca en el centro del debate la responsabilidad estatal de investigar cada caso y garantizar el debido proceso.
La contradicción del discurso de seguridad
Durante la conversación, Cruz también analizó las declaraciones de Bukele, quien afirmó que en El Salvador no hay homicidios, asaltos, robos ni violaciones, y comparó la situación de seguridad con un cáncer en remisión.
La abogada expresó reservas frente a ese discurso y coincidió en cuestionar que la situación del país se presenta como si los problemas de seguridad hubieran desaparecido por completo. La afirmación presidencial contrasta con la necesidad de mantener instituciones capaces de investigar delitos, proteger a las víctimas y garantizar justicia, sin convertir la política de seguridad en una justificación para vulnerar derechos.
La libertad no puede depender de la voluntad del poder
El planteamiento de Cruz devuelve la discusión a una cuestión esencial: ¿Quién responde por las personas que fueron detenidas injustamente? Una eventual liberación no elimina automáticamente los daños sufridos por los detenidos y sus familias, ni sustituye la obligación de esclarecer las responsabilidades correspondientes.
Para las organizaciones que denuncian abusos durante el régimen de excepción, la exigencia es que se revise cada caso y se libere a quienes no tienen responsabilidad penal, con garantías para su reintegración social y laboral.
La pregunta de fondo permanece: si el Gobierno sostiene que ha derrotado la criminalidad, debe explicar con transparencia quiénes serán liberados, por qué fueron encarcelados y cómo se garantizará que ninguna persona inocente siga pagando por un delito que no cometió.
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