“Han convertido las cárceles en un negocio de extorsión y muerte”: Cristosal

Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino

La Fundación Cristosal ha documentado cobros ilegales y extorsiones de miles de dólares en las cárceles salvadoreñas, en detrimento de las personas que tienen detenido a un familiar bajo el régimen de excepción.

Esta información se puede ampliar en «el negocio oculto del sistema penitenciario salvadoreño», la segunda entrega de la serie «Anatomía de un régimen autoritario» de la Fundación Cristosal. 

Cristosal señala que el informe revela una corrupción institucionalizada que opera dentro de los centros penitenciarios bajo el régimen de excepción, medida estatal vigente desde marzo de 2022, luego de un repunte en los homicidios.

El informe de la organización documenta cobros ilegales, extorsiones y pagos de miles de dólares “que familias desesperadas deben realizar para ejercer derechos básicos”, tales como acceder a información sobre sus parientes detenidos, obtener atención médica, hacer llegar medicamentos o hasta conseguir una visita de 20 minutos”.

“Este informe confirma que todo sistema autoritario necesita ofrecer beneficios a quienes colaboran con sus ilegalidades, como ocurre con los operadores de las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y las torturas que cobran su cuota a las familias salvadoreñas más pobres”, señaló Cristosal.

En el texto compartido por Cristosal, señala que la investigación identifica tres modalidades principales de corrupción: el primero de ellos, “sobornos obligatorios” disfrazados de «donaciones», para permitir visitas o dar información; el segundo, pagos directos a custodios y personal penitenciario para obtener beneficios ilegales; y la participación de abogados que actúan como intermediarios, cobrando hasta $5,000 por una visita y $7,000 por una eventual liberación. 

“Estos hallazgos exponen una estructura organizada que involucra a custodios, personal técnico, autoridades penitenciarias y actores externos”, señaló Cristosal.

Estos “no son casos aislados”, aseguró Cristosal, pues “las cadenas de sobornos y favores llegan hasta las direcciones de penales y altos funcionarios, y es un ejemplo más de cómo la criminalidad de las pandillas ha sido sustituida por la criminalidad de un estado autócrata”.

Es de contextualizar que con el régimen de excepción se han detenido a más de 89 mil presuntos pandilleros, pero entre ellos, a miles de inocentes que nada tienen que ver con pandillas.

Justamente, los familiares de esas víctimas han pedido la liberación para sus detenidos, por ello realizan marchas y presentan escritos en la Procuraduría General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Dirección de Centros Penales, Presidencia de la República, Corte Suprema de Justicia y Asamblea Legislativa. En todas esas instituciones, los familiares de las víctimas han sido ignorados.

“La corrupción penitenciaria no es solo dinero: se traduce en hambre, enfermedad y muerte, y en un mecanismo de extorsión estatal que se aprovecha del miedo y la desesperación hasta convertirse en un castigo indirecto no solo a quienes están detenidos, sino también a sus familias y seres queridos, afectando sobre todo a personas que viven en pobreza”, destacó Cristosal ante las arbitrariedades que se han documentado en los centros de detención.

Cristosal comentó que “los testimonios más dolorosos revelan incluso que hubo familias que siguieron pagando sobornos sin saber que sus seres queridos ya habían muerto bajo custodia estatal o que fueron presuntamente asesinados cuando sus familiares no pudieron pagar”. 

“Mes a mes yo le llevaba paquetes de 140 a 150 dólares. ¿Dónde terminaban? Yo le pregunté, cuando salió, si le daban las cosas. Me dijo: ‘solo un rollo de papel, media libra de leche y media libra de cereal. ¿Y lo demás? le pregunté. ‘Ellos se lo agarraban’, me dijo”, fueron las palabras de un familiar que estuvo detenido pero que murió doce días después de su liberación por desnutrición severa.

Cientos de familiares han testificado a oenegés y medios de comunicación que desde que les han detenido a sus hijos, bajo el régimen de excepción y sin pertenecer a una estructura delictiva, no han sabido nada de ellos y se enteran de que su familiar ha fallecido a veces, por la buena voluntad de alguna funeraria.

A la fecha, Cristosal ha confirmado 419 muertes dentro de las cárceles, muchas bajo condiciones de tortura, desnutrición y falta de atención médica, estos tratos también han sido confirmados por otras organizaciones nacionales de derechos humanos y por los mismos testimonios de las victimas detenidas en el régimen de excepción.

“La corrupción y los abusos documentados en este informe confirman que el régimen de excepción ha convertido las cárceles en un negocio de extorsión y muerte. Lo que debería ser justicia, rehabilitación y dignidad, se ha transformado en una maquinaria de sufrimiento humano administrada por el Estado”, puntualizó Cristosal.

La organización hizo un llamado a la comunidad internacional, a los organismos de derechos humanos y a todas las voces comprometidas con la libertad y la justicia para que se exija transparencia, rendición de cuentas y respeto a la dignidad humana en El Salvador.