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Guatemala: A las urnas…, en las ruinas

Ciudad de Guatemala/Prensa Latina

Ollantay Itzamná/Colaborador

Aristóteles, en su obra Ética a Nicómaco, sostiene que la democracia, aunque sea una forma de gobierno defectuosa, es la menos viciosa en comparación con la oligarquía (corrupción de la aristocracia) o con la tiranía (corrupción de la monarquía). Ojo, este griego conoció la democracia directa de su tiempo (reservada exclusivamente para ciudadanos griegos).

Las democracias representativas modernas que conocemos, en la lógica política aristotélica, serían la perversión de la perversión. Unas democracias reducidas al ritual electoral, donde cada cuatro o cinco años, las víctimas (por ignorancia o por necesidad) marcan en la foto de sus verdugos para que los empobrezcan aún más.

Guatemala, el 25 de junio próximo, está llamada a ir a las urnas, una vez más, para “votar” (mas no elegir) por su presidenta/e, 160 legislador@s, 20 diputad@s al PARLACEN, y 340 gobiernos municipales. Son más de 9.3 millones de guatemaltecos habilitados para votar. Son 30 partidos políticos, y 22 binomios presidenciales que compiten. El país, territorialmente es apenas del tamaño de un Municipio de algunos países del Sur del Continente.

En este país lindo y chiquito, donde la opulencia de los ricos es miles de veces mayor que de los monarcas europeos de la Edad Media, casi nadie sabe para qué sirven las elecciones. Es tal el grado de la miseria y el hambre en las familias empobrecidas, que éstas esperan (cada cuatro años) con ansias las “bolsas de frijoles o el dinero” que las y los candidatos les regalan en campañas electorales, para luego cobrarles con creces.

Según información oficial, en 2001, el 54 por ciento de guatemaltecos se encontraba en situación de pobreza. Para el 2018, cerca del 64 por ciento de guatemaltecos sufría pobreza multidimensional. Esto sin contabilizar los cerca de cuatro millones de guatemaltecos que sobreviven como migrantes en los EEUU. En este período Guatemala fue a las urnas en cuatro ocasiones, y siguió votando por más empobrecimiento. ¿Masoquismo? ¿Ignorancia? ¿Manipulación patronal del hambre?…

Para el próximo 25 de junio, a nivel de candidaturas presidenciales, no existe más opción que el neoliberalismo apadrinado por el gobierno norteamericano. Incluso los tres candidatos a la presidencia de tendencia “progresista” no proponen mitigar, mucho menos superar el sistema neoliberal privatizador. Esta situación quizás sea la explicación del por qué la opción del “voto nulo” crece entre las y los descontentos en Guatemala.

La democracia representativa electoral se ha desvirtuado a tal grado que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), controlado por el régimen del gobierno actual, decidió por anticipado quiénes deben ser electos, quiénes no. Impidiendo, de esta manera, que las y los electores decidan en las urnas.

La perversión electoral es de tal grado que muy a pesar que la Constitución Política de Guatemala, en su Art. 186, establece expresamente que hij@s de ex dictadores no pueden ser candidat@s, la hija de un ex dictador, condenado a 80 años de cárcel por genocidio, compite a la presidencia, y es una de las favoritas.

Mientras, a la única candidata a la presidencia desde las democracias comunitarias, Thelma Cabrera, por el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), le impidieron participar en las elecciones generales 2023 argumentando que su vicepresidenciable, Jordán Rodas, no cumplía con los requisitos de Ley.

El MLP es la única organización política que plantea superar el neoliberalismo revisando los contratos de privatización de bienes y servicios públicos, plantea la convocatoria a un proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional, y promete la guerra frontal contra la corrupción. Existen otras dos organizaciones políticas cuyos binomios presidenciales fueron impedidos por el TSE. Pero, el MLP, muy a pesar de ser víctimas de la exclusión política, y afrontar una contienda electoral financieramente desigual, libra una batalla electoral apoteósica, incluso sabiendo que lucha contra la voluntad expresa del TSE y de los partidos políticos neoliberales.

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