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Redacción Nacionales
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Familiares de personas capturadas durante el régimen de excepción denunciaron públicamente que, pese a existir órdenes judiciales de libertad emitidas por tribunales, varios detenidos continúan encarcelados en centros penales del país sin que las resoluciones sean ejecutadas. Los testimonios reflejan frustración, incertidumbre y reclamos de justicia ante lo que consideran una vulneración grave del debido proceso.
Organizaciones como MOVIR ha documentado múltiples casos de personas detenidas sin antecedentes penales ni vínculos comprobados con estructuras criminales, quienes permanecen privadas de libertad pese a resoluciones favorables emitidas por jueces. Son desgarradores los testimonios de los familiares, mientras el gbirno guarda silencio o simplemente dicen que “son los daños colateraes”.
Uno de los testimonios corresponde a una madre que relató haber recibido una orden judicial, en septiembre del año pasado, que disponía la libertad inmediata de su hijo, pero que, al presentarla en el centro penal correspondiente, únicamente le solicitaron dejar una copia del documento y un número telefónico.
“Me dijeron que dejara una copia con mi nombre y mi número para luego llamar. No permitieron nada más. Lo tratan a uno de manera prepotente”, expresó la familiar, quien aseguró que desde entonces no ha recibido respuesta oficial sobre la situación de su hijo ni ha podido visitarlo, y no sabe si está vivo o muerto.
Según su relato, el documento había sido emitido por una jueza que ordenaba la libertad inmediata del detenido. Sin embargo, la medida no fue ejecutada por autoridades penitenciarias.
La mujer manifestó sentirse decepcionada por la falta de cumplimiento de resoluciones judiciales.
“Solo en este país se da que un director de centros penales no respete la sentencia de un juez. Eso es absurdo totalmente”, afirmó.
“Pensé que ese día recuperaría a mi hijo”
Una madre relató que, tras recibir la notificación de libertad emitida por la Fiscalía General de la República, acudió el mismo día al centro penal de Mariona con la esperanza de reencontrarse con su hijo. Sin embargo, aseguró que inicialmente las autoridades penitenciarias se negaron a recibir el documento.
“Me dijeron que ese papel lo había comprado. ¿Cómo lo voy a comprar si eso no se vende en el mercado?”, recordó.
Posteriormente, en una segunda visita meses después, personal del centro penal aceptó la copia de la orden judicial y le indicaron que sería contactado por la trabajadora social del penal. Hasta la fecha, afirmó, no ha recibido ninguna llamada.
La familiar expresó preocupación ante la falta de información sobre el estado de su hijo.
“Si ya no vive, que nos digan la verdad. Pero que nos lo entreguen para enterrarlo. Mi hijo no es un animal”, declaró.
Esperanza frustrada tras recibir orden judicial
La madre relató que cuando recibió la orden de libertad de su hijo creyó que su situación finalmente se resolvería.
“Sentí que tocaba el cielo. Pensé que ese día lo iba a volver a ver”, expresó.
Sin embargo, al presentarse al centro penal, aseguró que la documentación no fue aceptada inicialmente y que su hijo continúa detenido pese a que la investigación en su contra sigue en curso bajo “medidas sustitutivas”.
Según explicó, la orden fue emitida por autoridades fiscales, pero hasta la fecha no ha sido ejecutada por el sistema penitenciario.
“Salí con el espíritu destrozado”, afirmó.
Solicitan apoyo internacional
Ante la falta de respuestas institucionales, algunos familiares han solicitado la intervención de organismos internacionales de derechos humanos, incluyendo Naciones Unidas y entidades regionales.
Una de las madres expresó que teme que su caso no avance dentro del país debido a la concentración de poder en las instituciones del Estado.
“Aquí no encontramos ayuda en ninguna institución”, señaló.
También manifestó su preocupación por las condiciones de detención y la falta de información sobre el estado físico de su hijo, a quien asegura solo pudo ver en una ocasión desde su captura en 2022.
“Estaba esquelético”, relató.
Contexto del régimen de excepción
El régimen de excepción fue aprobado en marzo de 2022 como parte de la estrategia gubernamental contra las pandillas. Desde entonces, más de 90,000 personas han sido detenidas, según cifras oficiales.
Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han señalado que, en algunos casos, se han registrado detenciones arbitrarias, falta de acceso a defensa legal y retrasos en procesos judiciales. De hecho, calculan que unas 30 mil de las personas capturadas son inocentes. Además, 504 personas han muerto en las bartolinas, sin haber sido condenados.
Familiares de personas detenidas sostienen que la falta de ejecución de órdenes judiciales de libertad agrava estas preocupaciones y genera incertidumbre sobre la situación jurídica de los privados de libertad.
Mientras tanto, continúan solicitando que sus casos sean revisados individualmente y que se cumplan las resoluciones emitidas por tribunales competentes.
“Solo queremos justicia”, expresó una de las madres.
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