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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Integrantes de la Comunidad Santa Marta-ADES, junto al representante legal de los cinco líderes comunitarios, se presentaron ante el Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque, Cabañas, para presentar la respuesta a la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), previo a la Audiencia Preliminar.
“No hay argumentos para que este caso continúe, y nosotros hemos sostenido desde el origen que nuestros compañeros son líderes comunitarios y defensores de derechos humanos como el agua. Ellos han estado trabajando de lleno en proyectos comunitarios y acompañado causas justas a nivel nacional”, afirmó Vidalina Morales, lideresa de ADES Santa Marta.
Morles agregó que “nuestras comunidades seguirán en la lucha por nuestros compañeros, pero, también, por las amenazas en este país, que es mejor sin megaproyectos, y mucho más si es libre de megaproyectos extractivistas”.
La madrugada del 11 de enero de 2023, un combinado policías y militares rodearon la Comunidad Santa Marta, en el municipio de San Isidro, Cabañas, con el fin de capturar a los dirigentes comunitarios: Miguel Ángel Gómez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Saúl Agustín Rivas Ortega y Teodoro Antonio Pacheco, líderes de la comunidad y directivos ADES-Santa Marta.
Las capturas se dieron con un requerimiento fiscal, tras el argumento de un supuesto hecho ocurrido durante el conflicto armado (1989), de acuerdo a un testigo de cargo que a lo largo del proceso judicial se ha contradecido en sus declaraciones sobre el hecho. A lo que se sumó una exhumación fallida que se mantuvo por más de una semana en las tierras de la comunidad Santa Marta, sin que el Instituto de Medicina Legal (IML) obtuviera una exhumación positiva de restos óseos como afirmó el testigo.
Denis Muñoz, abogado defensor de los cinco ambientalistas, manifestó que este 20 de febrero han transcurrido 13 meses de “estar a prueba la justicia de El Salvador”, al indicar que todo el proceso de criminalizar a los cinco líderes comunitarios raya en la “injusticia” y que falta a un proceso imparcial.
“Hemos presentado justamente la respuesta a la acusación (de la Fiscalía) en donde advertimos que el caso se encuentra débil porque no hay pruebas contra estos líderes comunitarios de Santa Marta. Y, por lo tanto, deben quedar libres y sobreseídos de los delitos de los que se les está acusando”, indicó.
“Hemos presentado pruebas este año de un proceso de investigación en donde hay testigos a favor de la defensa -de la verdad-, deben quedar libres de toda acusación porque no existe prueba en su contra. Vale mencionar que aquí estamos en presencia de una acusación sin patas y sin corazón, sin nada que tenga que ver con la verdad”, reafirmó Muñoz.
Asimismo, reconoció el pronunciamiento de Naciones Unidas (ONU) y sus Relatores Especiales en Derechos Humanos y Personas Defensoras, quienes en su momento han endosado el apoyo a ADES Santa Marta, y su lucha en defensa de sus líderes comunitarios.
“Lo que se nos viene es que el Juzgado señale una fecha para la audiencia (preliminar), dentro de las próximas 3 semanas, la que puede ser en 5 o 10 días hábiles”, indicó.
“Incluso, podría no solo discutirse el tema de la prueba, sino también si existe o no la probabilidad positiva del delito y de la participación en el mismo de mis representados y, por supuesto, esto no existe, por lo que pediremos su liberación”, sostuvo Muñoz.
“Nuestra expectativa de su libertad es grande”, agregó, Alfredo Leiva, de la Comunidad Santa Marta, al señalar que como miembros de la comunidad Santa Marta siguen apoyando la defensa de sus líderes y acompañan al abogado en las diligencias judiciales en busca de la libertad total de sus compañeros.
“Nuestro planteamiento que hemos venido manejando, y es que estamos frente a una criminalización a partir de un testimonio de un testigo que cuenta de manera contradictoria un hecho y que la Fiscalía, lo ha usado para armar un caso contra nuestros compañeros defensores de los bienes naturales”, explicó.
“El llamado es que nos sigan acompañando como lo han hecho, porque si el caso cierra a nuestro favor, sería una contención contra otros actos de criminalización que quieran realizar. Y si fallan en nuestra contra eso abriría la puerta para que puedan perseguirse a más personas defensoras de derechos humanos”, sostuvo Leiva.
Vidalina Morales reiteró el llamado a la Comunidad Internacional y la sociedad salvadoreña a estar vigilantes de este proceso judicial, que ha significado “muchos desafíos” para esta población organizada desde la firma de los Acuerdos de Paz (1992), que ha destacado por su defensa férrea en contra la explotación minera en su territorio y la protección del agua.
“Esta situación tan compleja que vive el país y que viven nuestras comunidades debemos luchar y este caso en contra de nuestros compañeros se debería desestimar y es lo que debería ser la jueza de este juzgado, que ya lo pedimos en otras ocasiones”, alertó.
“Creo más que nunca que las comunidades deben ser escuchadas las voces de personas y organizaciones, como la carta presentada con la firma de 245 organizaciones nacionales y extranjeras que hicieron un llamado a la Fiscalía para que este caso termine. Y les recuerdo que nuestra comunidad seguirá luchando por nuestros compañeros, pero, también, por las amenazas del extractivismo en este país”, concluyó Morales.
