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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Integrantes del Movimiento de Trabajadores Despedidos por laPresidencia de la República denunciaron pasividad de instituciones como las procuradurías General de la República y para la Defensa de los Derechos Humanos en cuanto al seguimiento de denuncias por vulneración de derechos laborales.
Nayib Bukele presidente de la República horas después de asumir la conducción del Ejecutivo, ordenó suprimir bajo la excusa de que estas plazas fueron otorgadas por supuesta afiliación política, y solicitó por medio de decreto la supresión de más de 700 plazas pertenecientes a dichas instancia.
Héctor Rodríguez exempleado de la extinta Secretaría de Transparencia externó, que las dos procuradurías faltan a su mandato constitucional que es la defensa de derechos y la mediación laboral debido a la lentitud con que atendieron sus procesos.
“La anterior procuradora de Derechos Humanos (Raquel Caballero) mintió a los diputados cuando fue citada a la Asamblea Legislativa, ya que
les dijo que la mitad de los trabajadores fueron reinstalados y no había necesidad de convocar a una mesa de diálogo, además de que había desarrollado una serie acciones que no hemos visto a la fecha”, dijo Rodríguez.
Esta aseveración hecha por la extitular de la PDDH hizo que los empleados cesados por la Presidencia de la República convocaran a una
conferencia de prensa, en la que además de rechazar las declaraciones de Caballero, lanzaron el Movimiento de Trabajadores Despedidos.
Según Rodríguez este colectivo, además, de constituirse en un frente común para defender sus procesos ante las instituciones correspondientes, busca brindar información a quienes se encuentran en peligro de ser despedidos.
“El mismo día de la conferencia nos atendieron, pero fue una reunión infructuosa, ya que hasta este día no nos han citado nuevamente; se comprometieron a levantar un acta la cual nos entregarían el siguiente día y a la fecha continuamos esperándola”, sostuvo el integrante del Movimiento de Trabajadores Despedidos.
Para el exempleado de la extinta Secretaría de Transparencia esta es solo una muestra de la inoperancia y desinterés que la PDDH muestra en relación al seguimiento de las denuncias que los trabajadores impusieron ante esa instancia.
En el caso de la Procuraduría General de la República, los representantes del movimiento sostuvieron que la Unidad de Mediación preparó un paquete de amparos, que luego por decisión de la actual procuradora Miriam Aldana fueron engavetados por más de 45 días, lo cual puso en riesgo los procesos, ya que estos documentos tienen una vigencia de dos meses para su presentación.
Rodríguez externó que luego de varias muestras de presión por parte del colectivo de empleados, la procuradora Aldana presentó la documentación un día antes de su vencimiento, además de prometer que publicaría avances del seguimiento de los casos en su página web lo cual a la fecha no hizo.
Los trabajadores afectados por el cese de funciones ordenado por el Ejecutivo, además de acudir a las procuradurías, pidieron a la Fiscalía General de la República (FGR) intervención, ya que según expusieron no conforme con violentar su derecho constitucional al trabajo, la Presidencia de la República incumple reivindicaciones laborales, ya que se les obliga a firmar una carta de auto despido en la que exoneran a su empleador de cualquier responsabilidad a cambio del pago de sus indemnizaciones.
“Por lo que sabemos, los compañeros han recibido una parte de su indemnización bajo condiciones que no son las que exige la ley, la gran mayoría permanecen en el despido e indemnizados inadecuadamente”,
afirmó Eva Orellana, exempleada del Hospital Santa Gertrudis, de San Vicente.
De acuerdo a otras denuncias, hasta la fecha el presidente Nayib Bukele ha avalado el despido de más de tres mil empleados.
El Movimiento de Empleados Despedidos dijo contar con información que para finales de este año unos mil trabajadores de todo el aparato estatal serán cesados de sus labores, uniéndose así a los tres mil que se encuentran en esa condición por lo que hicieron el llamado a no firmar ningún tipo de documento y presentar sus casos ante las instancias pertinentes.
