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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Los regímenes híbridos se definen en una combinación de elementos democráticos y autoritarios. Solo para el año 2020, y, claro, para este año, las valoraciones son más preocupantes”, explicó, Omar Flores, director de Cultura de Derechos Humanos de FESPAD, en la presentación del Informe Centroamericano sobre Derechos Humanos y Conflictividad Social.
“Recordemos, las democracias incipientes en Centroamérica han dado un retroceso bastante fuerte, a partir de las evaluaciones que han hecho organismos internacionales que han referido para el caso de Honduras, Guatemala y El Salvador, que han pasado de democracias defectuosas a regímenes híbridos”, argumentó Flores.
El Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica presentó su informe (2020-2021), sobre la situación y tendencias de principios fundamentales como: democracia, seguridad ciudadana, pobreza, desarrollo y COVID-19, en la región.
Sobre los hallazgos, según el estudio, se evidencian los rastros de “crisis” en ámbitos relacionados con la democracia, la política, la economía y el desarrollo social. Lo anterior se ejemplifica con el “cierre de espacios cívicos de participación”, que, según Flores, constituyen características de estos gobiernos con regímenes híbridos.
Sobre el caso de El Salvador, Flores señaló que estos gobiernos que se han instalando en los últimos años, han generado este panorama sombrío y de incertidumbre frente a la participación social organizada.
“La democracia salvadoreña está en riesgo de transformarse en una autocracia populista, tomando en cuenta las actuaciones autoritarias y abuso de poder del presidente Nayib Bukele”, dijo Flores.
En el Índice de Democracia (2020), en la categoría de Funcionamiento del Gobierno, los regímenes híbridos como El Salvador alcanzó el 4.29 que comparte con Honduras frente a Guatemala que marcó un 3.93, muy por debajo de Costa Rica que ha logró los 7 puntos, y está clasificada como una “democracia plena”.
“Sin embargo, nosotros motivamos y creemos en la mayor articulación y mayor vigilancia de la sociedad civil en cuanto a las actuaciones del Estado y en la defensa de los derechos humanos del pueblo. Para estos tres países que comparten estos regímenes híbridos”, sugirió Flores.
Asimismo, agregó que entre los períodos críticos u obscuros de estos países centroamericanos, siempre ha prevalecido por contar con una ciudadanía organizada muy fuerte que defiende sus derechos fundamentales. El Salvador, Guatemala y Honduras, han experimentado y luchan contra el “cierre de espacios cívicos”, dijo.
“El caso de Nicaragua, por ejemplo, es diferente, porque los organismos ya lo consideran un régimen autoritario, en donde la misma CIDH lo ha señalado como un Estado de Excepción de Facto, no existen garantías ciudadanas, ni respeto a los derechos humanos, ni separación de los poderes del Estado. Y El Salvador, Honduras y Guatemala, tienden su orientación hacia las medidas de Nicaragua, es preocupante”, opinó Flores.
Sobre el informe en general, Daniel Alvarado, integrante del Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica, señaló que las democracias en Centroamérica se ven limitadas por leyes y políticas que los gobernantes impulsan para mantener el poder y para esto utilizan la represión y persecución a los que identifican como sus oponentes.
“En el período del monitoreo se evidencia la forma acelerada de transgresión del orden constitucional en El Salvador y se suma a gobiernos calificados como autoritarios”, añadió.
“La cooptación de las instituciones del Estado como los Tribunales Constitucionales, ha generado condiciones por medio de resoluciones para la inobservancia de la alternancia en el poder como en Nicaragua (2009), Honduras (2015) y en El Salvador (2021)”, informó Alvarado.
Sobre este nuevo “ordenamiento jurídico”, Alvarado enfatizó que esto se convierte en acciones para “criminalizar organizaciones” de la sociedad civil, al crear figuras delictivas e investigaciones sin causa justificada, en un marco de arbitrariedades como ignorar las garantías del debido proceso, o aprobando nuevas leyes, como ha ocurrido en varios países centroamericanos con la Ley de Agentes Extranjeros.
“El deterioro de la democracia ha provocado la existencia de altos niveles de violencia, delincuencia, pobreza y migración. Los Estados no orientan sus políticas a reducir las brechas históricas de desigualdad económica, política, social y de género”, agregó Alvarado.
“La Libertad de Expresión, información, circulación y manifestación se ve reprimida, principalmente para periodistas, comunicadores, personas y organizaciones defensoras de derechos humanos. La situación es más evidente en Nicaragua, Honduras y El Salvador “, afirmó Alvarado.
Alvarado también se refirió al cierre y allanamiento de más de 50 organizaciones realizadas por el Gobierno de Nicaragua y las más recientes en El Salvador, por medio de la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil que han intervenido 7 organizaciones acusadas de corrupción, pese a que desde su fundación son auditadas por el Ministerio de Hacienda y Gobernación.
“En la región no se garantiza la seguridad a la población ni la reducción de los niveles de violencia, principalmente en la subregión norte de Centroamérica, que continúan siendo las más violentas, respecto a Panamá, Costa Rica y Nicaragua, en donde Honduras es el más violento. Por otra parte, en Centroamérica destaca la violencia y corrupción institucional”, señaló Alvarado.
El Equipo Regional condenó las acciones que van orientadas a debilitar la institucionalidad y la democracia, para no garantizar los derechos humanos de los pueblos del área, que muchas veces, golpea con mayor intensidad a Mujeres, Pueblos Indígenas, Niñez y personas LGBTIQ+. Elevando la vulnerabilidad social, económica y cultural.
“Los megaproyectos siguen generando conflictividad y deterioro de las formas culturales de desarrollo de las comunidades, afectando sitios sagrados, tierras y territorios de Pueblos Indígenas, así como la represión de activistas sociales entre otras afectaciones a los derechos humanos y ambientales”, recordó Alvarado.
