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Según especialistas en el área de consulta ciudadana, El Salvador carece de una Ley de Consulta, ante ello, han existido denuncias de pobladores que habitan alrededor del río San Sebastián, el cual fue contaminado por la explotación artesanal. Foto Diario Co Latino/Archivo.

“El Salvador está en pañales sobre la Ley de Consulta”: Yanira Cortez

Gloria Silvia Orellana

@SilviaCoLatino

Yanira Cortez, consultora jurídica independiente, afirmó que en el país existe el derecho a la participación y la información. Lo que se constituye en elementos claves para edificar un Estado democrático.

No obstante, consideró más apropiado formular una Ley de Consulta Previa, Libre e Informada, para que la población defina qué modelo de desarrollo quiere para el país. De este tema habló en exclusiva con Diario Co Latino.

¿Por qué una Ley de Consulta?

-La consulta previa, libre e informada es un mecanismo que se establece y lleva todo un procedimiento para que las comunidades sean escuchadas y que se tome la posición o decisión que ellos definan, frente a una política o una ley que se pretenda implementar.

¿Cómo está El Salvador?

-En El Salvador tenemos la consulta de manera sectorial, dentro de la Ley de Medio Ambiente (artículos 9 y 25), pero este marco jurídico no reúne los estándares internacionales en esta materia.

Si leemos el artículo 9 y 25 de la Ley del Medio Ambiente, dice que se va a consultar, pero el MARN va a ponderar o estudiarlo. O sea, queda a criterio del ministerio cómo hará la consulta. Y para mí es demasiado limitante.

¿Cómo se define una consulta?

-La consulta tiene algunos estándares que han sido desarrollados en la Convención 169 (sobre pueblos indígenas y tribales) y en la Declaración de Pueblos Indígenas (ONU/diciembre 2007), pero también hay estándares regionales que han sido desarrollados, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y toda esta jurisprudencia permite vislumbrar el derecho a la consulta y no puede ir disociado al derecho de libre consentimiento, entonces, son dos derechos autónomos, pero que unidos llevan a que comunidades y pueblos puedan, en un momento determinado, decidir qué tipo de acción quieren en sus territorios, en los impactos que tendrán en la tierra y las comunidades, es allí donde tienen un gran valor. Y es interesante, que al establecer un procedimiento para escuchar a las poblaciones se unan todos estos estándares.

¿Cómo puede esta investigación trascender?

-Con esta investigación que se ha hecho, con ACAFREMIN, es interesante para que se tomen o adecuen las leyes del país. Y se deberían incluir estos estándares que no están en este momento en la jurisprudencia salvadoreña. En Guatemala hay un protocolo, pero el único país que tiene oficialmente una Ley de Consulta es Perú, de ahí no existe en otro país. Lo que ha sido reconocido a nivel regional que se ha desarrollado como consulta, es por su íntima relación con el tema indígena o participación, solo la constitución de Ecuador y Bolivia ha reconocido el derecho a ser consultado. Mientras, en nuestra región (centroamericana) solo tenemos derecho a la participación y la información, y eso no es derecho a ser consultado.

¿Cómo puede la población ser consultada sin que haya una ley propiamente?

-Tenemos el derecho a la consulta de manera sectorial. Y tenemos derecho a la consulta en el Código Municipal, pero este derecho (art. 115) es territorial, solo queda a nivel local. Y así pasa con Nicaragua, Guatemala y Honduras.

Al no existir una Ley de Consulta, lo que han hecho las comunidades es activar sus códigos municipales y ser así escuchados. Pero esto tiene retos, ¿por qué?, ya que la consulta es a nivel municipal, solo tiene validez en esa región. De esto se ha estado discutiendo.

Depende del país también, en Honduras los cabildos abiertos han sido importantes y reconocidos por la ley minera, y es importante esa consulta, porque se ha detenido la minería, gracias a este cabildeo.

En Guatemala se han hecho las consultas a solicitud de los vecinos, desde la municipalidad y es esta la gran discusión en ese país. Porque la Corte de Constitucionalidad ha tenido un comportamiento bien pendular, a veces ha dado validez a la consulta y en otras no. Y en la última resolución que dio, en el caso de la mina San Rafael, les dio la razón y reconoció que la consulta tiene validez, pero solo para la región. Lo interesante sería que fuera una consulta desde el Estado nacional, pero, ¿por qué no se hace?, bueno, porque no hay un procedimiento establecido, porque no hay una Ley de Consulta en sí.

¿Cómo está El Salvador?

-En El Salvador nunca se hizo esto de la consulta y, sin embargo, recuerdo que hubo algunas declaraciones de funcionarios, quienes dijeron que era importante esta herramienta, pero iba a tener validez en tanto se hiciera una ordenanza municipal.

Porque aquí es primero la consulta popular y luego se redacta la ordenanza municipal, porque se basa en esa acción, pero solo en el territorio. Lo importante es que tenemos que trabajar por un procedimiento de consulta a nivel nacional, nunca hemos conocido de una consulta a este nivel, solo en lo local, y se hizo en el tema de la minería porque no existe otro procedimiento y no tenemos una Ley de Consulta.

Sí, hay derecho a la información y la participación, pero esto no significa que es el derecho a la consulta, puedes informarte y participar, pero no te dicen cómo hacerlo, cómo materializarlo o cómo se ejecuta, porque no tenemos Ley de Consulta.

¿Cuál es la relevancia de una Ley de Consulta?

-Es que estamos con una Ley de Medio Ambiente que es sectorial (El Salvador) y ese contenido no tiene estándares internacionales, ni regionales con respecto a la consulta de la población. Estamos en pañales en la Ley de Consulta.

Existe un documento que se denomina “Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales”, que fue aprobada por Naciones Unidas (ONU), y surge a la vida jurídica en diciembre pasado. Creo que es un mecanismo importante para ser escuchados y participar frente a las industrias extractivas, e incluyo el agua, porque en esta región es donde más se ha violentado el derecho a la consulta.

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