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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
La representante de Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, afirmó que ellos son defensores de derechos humanos con un respaldo en los derechos implícitos de la Constitución, muy por el contrario, al gobierno de Nayib Bukele, quien defiende a pandilleros que saca del país y negocia asilos de primer nivel para esos criminales, en ningún momento hace una investigación adecuada. “En El Salvador la tregua del gobierno con criminales continúa, el Régimen de Excepción no ha funcionado para hacer justicia, estoy de acuerdo que se capture a los pandilleros, pero el problema no se puede en detrimento de la vida de personas inocentes”, enfatizó.
Hasta la fecha contabilizan 77 mil salvadoreños capturados bajo el Régimen de Excepción, medida implementada desde el 27 de marzo de 2022, de los cuales, 12 mil son mujeres, de las personas detenidas solo 7 mil liberados, con un margen de error del 30% aunque las autoridades digan que es 1%.
Socorro Jurídico Humanitario ha recibido 500 denuncias de muertes en centros penales y 250 solicitudes de reconocimiento de cadáveres, el 92% de los fallecidos en las cárceles son inocentes sin vínculos con grupos delincuenciales, 40% es de muertes violentas, quebraduras de piernas, torturas y golpes, sin embargo, los diagnósticos de Medicina Legal indican que han fallecido por paro cardíaco o COVID-19.
“Hay niños quienes han nacido y fallecido en centros penales porque sus madres llevan meses detenidas, dónde está el apoyo que se le da a los niños sobre los servicios básicos, pequeños que han visto que a sus papás se los llevaron presos. Nuestras fuentes son directas, las personas que salen de prisión nos cuentan que en Centros Penales hay tortura, nos lo ha dicho gente que ha sufrido” denunció durante el espacio televisivo Encuentro con Julio Villagrán.
Según Escobar, hay miles de personas quienes ya pasaron el proceso y el juez decretó que debe quedar en libertad, pero las cartas han sido denegadas por el director de Centros Penales, Osiris Luna. El Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) reiteró que la campaña publicitaria del gobierno hace alarde y han hecho creer, que la seguridad y los derechos humanos son incompatibles, pedir justicia no se trata de desear que las pandillas tengan el control, si no de exigir coherencia al Estado y recordar sus obligaciones con toda la población.
Asimismo, destacó que en los últimos días el presidente de la República, funcionarios de gobierno y spots publicitarios proyectan una realidad a medias, donde se oculta que la mayoría de personas detenidas son inocentes y no son líderes de pandillas. Un país en el que las madres continúan buscando a sus hijos desaparecidos, donde militares agreden sexualmente a niñas.
