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Por David Alfaro
27/03/2026
Ya van 48 prórrogas. Mes tras mes, Bukele lo renueva como si fuera medicina preventiva. Pero aquí no hay cura: lo que hay es control. A estas alturas, ya no se puede seguir llamando «régimen de excepción»; lo que tenemos es una nueva normalidad autoritaria que opera en tres frentes:
1. Control social
Durante décadas, las maras funcionaron como una fuerza contrainsurgente de fragmentación. Impidieron que la gente se organizara, que las comunidades tomaran fuerza, que los barrios se unieran. El miedo desmoviliza, y esa fue la función de las pandillas: sembrar terror para mantener al pueblo dividido y silencioso.
Hoy, la dictadura ha sustituido esa función con el Ejército y la Policía. La diferencia es que ahora el miedo viene con uniformes. La presencia masiva de soldados en colonias, buses, calles y escuelas, lejos de devolver la tranquilidad, ha sembrado una nueva forma de silencio: la del que calla no por respeto, sino por miedo a que lo acusen de algo. Es el mismo terror de antes, pero institucionalizado.
2. Guerra jurídica contra la disidencia
El régimen de excepción le ha dado a Bukele una herramienta poderosa: la legalidad para perseguir. Cualquier voz crítica, sea periodista, líder comunitario, defensor de derechos humanos o ciudadano opositor, puede ser vigilada, acusada o detenida sin mayor trámite. Todo cabe dentro del saco del «régimen», La presunción de inocencia quedó suspendida, el derecho a defensa quedó en veremos, y el Estado de Derecho es ahora un recuerdo lejano.
Esta guerra jurídica no es un error del sistema: es el sistema. Sirve para silenciar sin necesidad de balas, para castigar sin necesidad de juicio, para mandar un mensaje claro: «el que disienta, cae».
3. Licencia para robar
Con el pretexto del combate al crimen, el régimen ha servido también para desmontar los controles institucionales que estorbaban al saqueo. Se ha suspendido el cumplimiento de leyes como la extinta LACAP, que regulaban las compras públicas. El resultado es predecible: contratos sin licitación, obras sin fiscalización, gastos reservados y millonadas desaparecidas entre fideicomisos, bitcoins, contrataciones oscuras, campañas de propaganda y hasta vuelos de lujo.
Todo queda justificado bajo la bandera de la «emergencia permanente». Y cuando el Estado funciona en emergencia perpetua, los corruptos se vuelven intocables.
La dictadura depende del régimen de excepción para sobrevivir
Es su oxígeno, su muro de contención, su escudo legal y político. No puede devolverle al país el respeto por el debido proceso, por las leyes, por la fiscalización pública. No sabría cómo gobernar en libertad. Si se desmonta el régimen, se expone la podredumbre: los contratos corruptos, los abusos de poder, las detenciones arbitrarias, los privilegios de los de arriba.
Mientras tanto, el costo internacional crece. Las organizaciones de derechos humanos, los medios internacionales y hasta antiguos aliados ya hablan en voz alta: esto no es un modelo de seguridad, es una autocracia en toda regla. Bukele ha cambiado la imagen de El Salvador en el mundo: de país que luchaba por la democracia, a país que la entregó por miedo.
Y también hay un costo interno, menos visible pero igual de corrosivo: seis de cada diez salvadoreños tienen miedo de criticar al gobierno. Eso no es respaldo popular; eso es sometimiento. La gente no está convencida, está silenciada.
¿Hasta cuándo puede sostenerse un régimen basado en el silencio forzado, en la excepción permanente, en el miedo como política pública? ¿Hasta cuándo aguantará un pueblo que empieza a ver que el verdadero enemigo ya no se esconde en las pandillas, sino en las oficinas del poder?
La historia enseña que ningún régimen de miedo es eterno.
La pregunta no es si terminará, sino cuándo…y a qué costo.
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