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Redacción Nacionales
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La abogada Roxana Cardona identifica tres grandes problemas detrás de los recientes anuncios del presidente Nayib Bukele sobre posibles beneficios penitenciarios para personas detenidas durante el régimen de excepción: la negación de la existencia de inocentes en las cárceles, las contradicciones jurídicas que podría generar una liberación selectiva y el sometimiento de jueces y funcionarios ante las presiones del poder político.
En su análisis, la profesional del derecho sostiene que el Gobierno intenta encontrar una salida a un modelo que comienza a generar costos internacionales y contradicciones internas, pero sin reconocer abiertamente que hubo capturas arbitrarias y personas inocentes privadas de libertad.
Beneficios penitenciarios sin reconocer a las víctimas
Roxana Cardona cuestiona que Bukele hable de liberar o conceder beneficios a determinados detenidos bajo la categoría de “colaboradores”, sin reconocer que entre los encarcelados existen personas que no pertenecen a pandillas.
La abogada recuerda que, según las definiciones policiales que cita, los colaboradores podían ser civiles coaccionados que no tenían intención de pertenecer a estructuras criminales. Sin embargo, afirma que personas trabajadoras, sin tatuajes ni antecedentes han sido agrupadas y procesadas pese a que comunidades y testigos han respaldado su inocencia.
“El Gobierno sigue negando la existencia de inocentes”, sostiene Cardona. A su juicio, la salida no consiste en presentar una reducción de condenas como solución, sino en reconocer los errores, investigar las capturas arbitrarias y garantizar justicia a quienes fueron encarcelados injustamente.
Contradicciones legales y una salida que podría ser arbitraria
El segundo cuestionamiento apunta a la incertidumbre jurídica de los anuncios presidenciales. Cardona advierte que adelantar criterios sobre quiénes recibirán beneficios puede comprometer la independencia judicial y vulnerar la presunción de inocencia, además de abrir interrogantes sobre la igualdad ante la ley.
¿Quiénes serán los beneficiarios, bajo qué requisitos y con qué criterios se les seleccionará?, son algunas de las interrogantes que planteó. Para la abogada, si no existen reglas claras y compatibles con la legislación vigente, los jueces podrían quedar ante disposiciones contradictorias que faciliten decisiones discrecionales.
Cardona también cuestiona que se planteen beneficios para personas que todavía no han sido condenadas, mientras persisten restricciones legales a determinados beneficios penitenciarios. El resultado, advierte, podría ser un mayor desorden jurídico.
Régimen de excepción: una trampa política y social
Cardona considera que el régimen de excepción ha dejado de ser útil para el Gobierno debido al desgaste internacional y las denuncias sobre violaciones de derechos humanos. Sin embargo, advierte que años de propaganda y miedo han instalado en parte de la población la idea de que eliminarlo significaría liberar automáticamente a los pandilleros.
La reacción social ante los primeros anuncios de Bukele, seguida de sus posteriores aclaraciones, demostraría, según su lectura, que el presidente se confió demasiado en su popularidad y calculó mal el impacto de sus palabras.
La abogada también denuncia el silencio de jueces y magistrados ante las presiones políticas y recuerda que funcionarios judiciales pueden temer investigaciones o traslados si adoptan decisiones contrarias a los intereses del poder.
El fondo de su advertencia es contundente: mientras el Gobierno no reconozca a las víctimas inocentes, cualquier beneficio penitenciario será insuficiente. El desafío no es maquillar las consecuencias del régimen de excepción, añade Cardona, sino desmontar sus abusos, restituir las garantías judiciales y demostrar que la justicia puede actuar sin obedecer órdenes políticas.
