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Redacción Nacionales
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Las reformas a la Ley Forestal, que abre la puerta a cambios de uso de suelo en terrenos de las clases VI, VII y VIII, tradicionalmente destinados a vegetación permanente, ha generado preocupación en sectores sociales, ya que podría facilitar urbanizaciones en zonas protegidas como El Espino y poner en riesgo sitios RAMSAR y áreas naturales protegidas.
Es de contextualizar que la Asamblea Legislativa aprobó con 57 votos una reforma a la Ley Forestal para que la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT) permita autorizar cambios de uso de suelo en terrenos de las clases VI, VII y VIII, que no son aptos para el cultivo.
En sí, la reforma permite crear una excepción en la prohibición del cambio de uso de suelos adecuados para vegetación permanente y cubiertos de árboles cuando haya habido cambios en el entorno.
Durante la discusión en la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa, la directora de la DOT, Paola Bardi, dijo que se habían presentado situaciones o casos de proyectos en donde se encuentran urbanizaciones “justo al lado” de este tipo de clasificación de uso de suelo; por lo que consideró que el entorno “ya no corresponde a la clasificación de uso de suelo que se dio hace 24 años”, ya que es de recordar que la Ley Forestal está vigente desde junio de 2002.
A juicio de Leonel Herrera, periodista y activista ambiental e integrante del Colectivo de Incidencia Ambiental Andrés Mckinley (CIAAM), estas reformas podrían permitir construcciones en zonas como el Espino. “Uno de los criterios para cambiar el uso de los suelos es que, si hay un cambio en el entorno, eso se puede traducir en cosas tan terribles”, alertó.
A manera de ejemplo, Herrera sostuvo que en la Finca El Espino, “como el entorno ya cambió, porque ya tenemos alrededor un estadio, un CIFCO y demás construcciones, entonces (podrían) cambiar el uso del suelo del Espino y ahora ya no es zona protegida, sino que puede ser también una zona urbanizable”.
El Artículo 12 de la ley prohibía el cambio de uso de los suelos clase VI, VII y VII que estuvieran cubiertos de árboles y que podrían ser aprovechados sosteniblemente conservando el mismo uso. Sin embargo, con la reforma aprobada por el oficialismo se estableció una excepción cuando en estos hayan “cambios de entorno” o que existan proyectos públicos.
En el proyecto remitido por el Gobierno se habían excluido los sitios RAMSAR (bosques salados y humedales) y las áreas naturales protegidas. No obstante, la Comisión incorporó una modificación que permite incluirlos, siempre que exista un dictamen técnico de la entidad rectora.
Meraris López, docente e investigadora de la UCA, señaló que “una de las justificaciones para poder hacer esta modificación es que el sector construcción es el que está creciendo de manera más rápida, incluso representando el 17 % del Producto Interno Bruto”.
En la plenaria de esta semana, la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, consideró que la intención de la reforma es facilitar los proyectos urbanísticos. “Lo que se hace es incentivar la destrucción ambiental en el sentido de que, si el entorno ha cambiado con urbanización, es incentivar más urbanización en tipos de suelo que requieren una importante protección”, expresó.
La diputada de Nuevas Ideas, Elisa Rosales, defendió la reforma al enfatizar que se ha registrado un crecimiento económico generado por el sector de construcción y que, al cambiar el uso de suelo, se deberán hacer los estudios técnicos por parte de la DOT.
