Diputados a favor de endurecer sanciones por conducción peligrosa

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Las reformas al Código Penal, Procesal Penal y a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial  ya cuentan el aval de la Comisión de Seguridad Nacional; estas medidas, serían para endurecer las sanciones por conducción peligrosa y crear un nuevo delito para quienes entreguen vehículos de carga o autobuses a conductores sin licencia e impide conciliar o mediar los homicidios y lesiones causados por conducción peligrosa.

Los decretos fueron estudiados en la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia, donde se recibió al fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, al ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro y al viceministro de Transporte, Nelson Reyes, para exponer sus opiniones técnicas.

Según las autoridades, las tres propuestas de reforma buscan prevenir y reducir los accidentes de tránsito y proteger la vida e integridad física de la población, a través del fortalecimiento de las sanciones por conducción peligrosa y mayores controles sobre los vehículos y sus condiciones mecánicas.

Delgado sostuvo que un conductor bajo los efectos del alcohol, una carrera en la vía pública o un autobús en manos de quien o está habilitado, pueden costar vidas. El funcionario expuso las tres tragedias ocurridas en el último mes.

La primera, el 30 de septiembre, cerca del redondel Integración cuando una volqueta, con desperfectos mecánicos provocó un accidente, dejando a 2 personas fallecidas, 10 lesionados y 15 vehículos impactados. “Esa volqueta viajaba con un exceso de 8 toneladas de peso aproximadamente. El peso de ese vehículo más la carga que transportaba; eran 24 toneladas, los frenos se encontraban en mal estado, las zapatas estaban desajustadas. Quiere decir que debido a que el conductor por encima del límite de velocidad en esa zona más el mal estado de la volqueta, más la sobrecarga que llevaba provocó el accidente, eso es conducir de una manera peligrosa”, destacó Delgado.

El otro de los casos que se planteó, fue el accidente ocurrido el 2 de octubre en la Carretera Los Chorros donde el conductor de un camión, sin licencia y con exceso de velocidad impactó contra un autobús de la R202 y otros vehículos, dejando a 5 fallecidos y 27 lesionados, de estos 12 aceptaron continuar con el proceso (judicial), los demás, desistieron seguir porque “no creen en el proceso”, informó Delgado.

Delgado informó que, del 1 de enero al 1 de octubre de este año, se han registrado 16,809 accidentes y 1,083 fallecidos.

La reforma al Código Procesal Penal impide conciliar o mediar los homicidios y lesiones causados por conducción peligrosa. Actualmente, para procesar penalmente las lesiones culposas se requiere de la solicitud de la víctima, mientras que en casos de homicidio culposo y lesiones se permite la conciliación o mediación cuando se cumplen los requisitos legales. Esta restricción también aplicaría a quienes faciliten vehículos de transporte colectivo de pasajeros o de carga a conductores que no cuenten con la licencia requerida.

La reforma al Código Penal amplia el delito de conducción peligrosa y crear un nuevo delito, el entregar autobuses o rastras a conductores sin licencia. Mientras que, a la Ley de Transporte, se refuerza el retiro de vehículos, licencias y placas y habilita la revisión técnica en el VMT.

Con la modificación, se consideraría conducción peligrosa manejar con cualquier concentración de alcohol en la sangre o el aire espirado, al igual que bajo los efectos de sustancias que reduzcan las facultades necesarias para permanecer al volante, el competir ilegalmente en la vía pública, disputarse la vía o conducir vehículos de transporte colectivo o de carga sin la licencia correspondiente.

La conducción peligrosa se castigaría con dos a cinco años de prisión y aumenta de cinco a 10 años cuando se trata de transporte colectivo de pasajeros o de carga. Si estos siniestros, ocasionan lesiones culposas u homicidio culposo, las penas podrían alcanzar hasta 10 años de prisión, o hasta quince cuando se trate de vehículos de transporte colectivo o de carga.

En estos casos, no se permitiría la conciliación, la mediación ni la reparación integral del daño como formas de extinguir la acción penal o terminar anticipadamente el proceso.

La propuesta también impondría de cinco a 10 años de cárcel a quienes permitan que vehículos de transporte colectivo o de carga, con capacidad de ocho toneladas o más, sean conducidos por personas sin la documentación correspondiente.

Si un accidente provoca lesiones o la muerte, la pena aumentaría en una tercera parte de su máximo establecido. Además, quien facilite el vehículo y quien lo conduzca responderían por los daños ocasionados, y no se permitirían la conciliación ni la mediación por este delito.

El decreto señala que el delito se comete con solo la conducta empleada, es decir, no se exige que una persona determinada haya estado en peligro concreto: basta realizar la conducta.

Con la reforma a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, se fortalecerá los controles vehiculares y prevenir accidentes por fallas mecánicas o incumplimiento de las normas de seguridad, según lo expresado por Nelson Reyes.

Actualmente, la Policía Nacional Civil (PNC) puede retirar de circulación vehículos por infracciones como portar placas irregulares, participar en competencias no autorizadas o conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas. Con la reforma, se incorporarían nuevas causas para retirar vehículos, como tener neumáticos desgastados o luces defectuosas que comprometan la seguridad vial en unidades de transporte colectivo y vehículos de carga de ocho toneladas o más.

También se incluirían los vehículos de carga con modificaciones no autorizadas o que transporten materiales peligrosos sin los permisos o las medidas de seguridad requeridas.

Por otra parte, aunque ya existen talleres autorizados por el Viceministerio de Transporte (VMT), la propuesta permitiría a la institución habilitar y administrar sus propias instalaciones para realizar revisiones técnicas vehiculares, servicio por el que los usuarios tendrían que pagar.

Asimismo, los inspectores y gestores de tránsito del VMT podrían ordenar la retención administrativa de vehículos y documentos, así como el traslado de las unidades a los predios designados cuando las irregularidades no puedan corregirse en el lugar.  “Lo que se busca no es procesar a las personas que cometan un accidente, sino prevenir, desde un inicio que eso suceda”, concluyó Nelson Reyes, viceministro de Transporte.