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Redacción Nacionales
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La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la detención e investigación contra Gerson Orellana Ayala, representante legal de la empresa “CrediCash”, la cual operaba en Chalatenango. Orellana, quien también es empresario de autobuses, es señalado de captación ilegal de fondos del público, defraudación a la economía pública y lavado de activos.
La investigación se da luego de que la FGR recibiera un aviso por parte de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), que acusaba a un individuo de captar fondos de los salvadoreños bajo el nombre de “CrediCash”.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, en conferencia de prensa dijo que Gerson Orellana “es alguien que tiene antecedentes de estafa desde el año 2020, un par de casos que se investigaron en la Fiscalía de Chalatenango y precisamente relacionados con negocios no muy claros, no muy transparentes, y que lo llevaron incluso a estar detenido en su momento”, destacó Delgado, quien añadió que el sujeto tiene supuestos vínculos con la Mara Salvatrucha (MS-13).
Orellana cobra relevancia, según el fiscal, ya que la empresa “también era utilizada para la colocación de préstamos a los comerciantes informales del mercado de Chalatenango; tenemos la sospecha de que algunos de estos dineros que eran distribuidos a manera de préstamos con un interés diario que les cobraban a los comerciantes informales provenía de actividades de extorsión de la pandilla MS”.
Lo que se ha identificado hasta el momento es que, con base a las investigaciones iniciales, se trata de un “esquema de defraudación”. “Se trata de lo que comúnmente se conoce como un esquema piramidal. ¿En qué consiste esto? Es un sistema donde a las personas se les promete ganar dinero rápido, con intereses altos y sin ningún tipo de riesgo. Eso genera confianza, algunas personas incluso reciben pagos al inicio, lo que hace creer que todo está funcionando bien”, explicó el funcionario.
“Este dinero que se paga como ganancia no proviene de ningún negocio real; es decir, no hay un flujo de caja de esta empresa que genere las ganancias necesarias para poder ir cumpliendo con las obligaciones que ha contraído con diferentes personas. (…) El pago surge de otras personas que se van sumando a este esquema piramidal. Quiere decir que los nuevos participantes, sin saberlo, están pagando a los anteriores inversores, a los más antiguos”, añadió el fiscal general.
La FGR observó que CrediCash realizaba préstamos a terceras personas a un interés del 5 % mensual y, al mismo tiempo, esta empresa prometía pagarles a sus inversionistas un interés del 10 % mensual. “Haciendo una operación matemática simple, no concuerda o no hay una lógica financiera adecuada que respalde la forma en la cual CrediCash iba a poder cumplir con sus obligaciones”, dijo Delgado.
El ministerio público realizó allanamientos en Chalatenango y en Nueva Concepción, donde se incautó dinero en efectivo. “De acuerdo con las estimaciones que ha realizado la Unidad Especializada Contra el Lavado de Dinero y Activos, esa persona ha realizado movimientos por la cantidad de $51 millones. Hasta este momento, al imputado se le han inmovilizado en cuentas por: $10,381,236.74. Además, se encontró dinero en efectivo, tanto en las instalaciones de Credicash como en el guardarropa que dio como resultado la incautación de $38 millones aproximadamente”.
Solo en la vivienda de Orellana, se le incautó $7 millones en efectivo. Parte del dinero, ha ido a la adquisición de 231 vehículos, entre autobuses, sedanes, camiones destinados para pasajeros y motocicletas.
De momento, no se ha identificado a cuántas personas se les habría afectado ni los montos invertidos; por lo que trabajan en un sistema para identificarlo. Por lo cual, el fiscal instó a la ciudadanía a que hicieran la denuncia si ha sido afectada por el caso.
Gerson Orellana, según el fiscal, ha incurrido en los delitos de defraudación a la economía pública, previsto y sancionado en el artículo 240-A del Código Penal bajo la modalidad de captación ilegal de fondos del público y lavado de activos, previsto y sancionado en el artículo 40 de la Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, ambos delitos en perjuicio del orden socioeconómico y particularmente en perjuicio de cada una de las personas que le confiaron sus ahorros a esta persona.
