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Luis Arnoldo Colato Hernández
Educador
Las personas desde siempre se han movilizado por diferentes razones, económicas principalmente, trasladándose dentro de los territorios y fuera de estos.
Entonces la trashumancia obedece a factores políticos, sociales y económicos fundamentalmente, siempre en la búsqueda de mejores y más dignas condiciones de vida, y ahora, además para quienes dejan atrás.
Sin embargo, también debemos considerar el factor coercitivo, derivado de condiciones sociales en extremo conflictivas, las cuales degeneran las relaciones interpersonales a niveles de violencia desenfrenada, pues supera el marco legal referencial.
Este es un fenómeno muy extendido y conocido en nuestro país, de larga data, y sus implicaciones son realmente graves por lo que supone:
Por ejemplo, el desarraigo de la población en el marco de la violencia social establecida, debemos traducirla en la multiplicación de la violencia en sí misma, pues la población desarraigada la lleva consigo a donde va; por otro lado, también implica que esta masa pierda bienes y propiedades, las cuales son usufructuadas por los causantes del desarraigo, que para el caso que nos ocupa, son ahora el terrorismo doméstico, el cual sigue operando en las actuales circunstancias.
Esto porque es falso lo afirmado por la administración, que asegura “estamos ganando la guerra contra las pan…”, lo cual es un desacierto, dado que es sabido que la persecución emprendida por el estado en contra de estas estructuras, es solo contra una de las grandes estructuras criminales, mientras las demás siguen tan activas como antes, manteniendo las rentas, los asesinatos, los secuestros, las desapariciones, y por supuesto, los desalojos forzados.
¿Quién lo afirma?
La PDDH ha registrado, tratado, dado seguimiento y pronunciado en los más de 1300 casos conocidos en los 2 últimos años, aseverando por lo mismo que son estas estructuras las responsables de hasta el 86% de los casos de desplazamientos forzados registrados en el territorio, y que, de acuerdo a esta misma fuente, el actual régimen de excepción no ha impedido.
¿Porque el estado no actúa en consecuencia?
Ello supondría admitir que la denominada guerra contra las pandillas es una farsa, que el paraíso de la narrativa presidencial es solo un cuento, que esto es en la práctica una estrategia electorera orientada a ganar el favor de la población afectada por estos criminales, haciéndole creer que finalmente se las persigue y reprime, lo que es una verdad a medias e insostenible, pues solo se persigue a una de las estructuras, y mientras ello suponga réditos políticos.
Entretanto las demás siguen operando abiertamente y al amparo de la gestión, forzando la expulsión de la población, ocupando sus viviendas y hasta expoliándolas como propias.
No emprenderá el estado a través de la institucionalidad la persecución de estas, pues conserva aún los arreglos hechos públicos con las mismas, y mientras le sean útiles.
El hecho incontestable es que sigue ocurriendo, que cientos, miles son expulsados de lo propio, y que el estado simplemente vuelve la vista y niega los hechos por razones políticas.
Ello sólo constituye una descarnada complicidad que no puede ni debe continuar.
