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Alberto Romero de Urbiztondo
Twitter: @aromero0568
A cabamos de conmemorar el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer. En ese marco quiero reflexionar sobre la importancia de la laicidad del Estado para avanzar en el reconocimiento y garantía de esos derechos.
Aunque el Estado debe de respetar las creencias de toda la ciudadanía, al elaborar leyes o políticas públicas, no pueden estar determinadas por las creencias y normas morales de una religión determinada, aunque esta sea la del gobernante o legislador o incluso la que profesara la mayoría de la ciudadanía. En nuestro pais un 73 % de personas profesan una religión de origen cristiano, algunos de cuyos principios -promovidos por sus jerarquías- son contrarios al reconocimiento de la igualdad de derechos. Por ejemplo: “Quiero que sepan que la cabeza de todo varón es Cristo; a su vez la cabeza de la mujer es el varón; a su vez la cabeza de Cristo es Dios” (1 Corintios 11:3), que justifica la sumisión de la mujer al hombre, contradictorio con la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres. Difunden una visión cuyo mandato único, parece ser la maternidad, pues en el Génesis 3:16, la divinidad le dice a la mujer “multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos; y con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti”. Si el Estado legisla en base a estos principios, por ejemplo divorciarse y volver a casarse seria delito pues “lo que Dios ha unido bajo un yugo, no lo separe ningún hombre (Mateo 19:6)” y estarían prohibidos los anticonceptivos pues “La Iglesia rechaza todos los métodos anticonceptivos artificiales” (catecismo Iglesia católica).
Existen también movimientos en diversas iglesias que hacen una interpretación de la Biblia y los Evangelios, desde los derechos de las mujeres. Teólogas como Ivon Guevara o movimientos como Católicas por el Derecho a decidir, desarrollan una teología feminista. Sin embargo las leyes y políticas públicas no deben ser determinadas por ninguna creencia, sino estar basadas en la evidencia científica y en referente éticos mas universales y compartidos, como los Derechos Humanos y principios de ciudadanía.
