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Saúl Méndez
Colaborador
La fundación Cristosal denunció que el pasado 4 de julio, Ruth López, jefa del equipo de Anticorrupción de dicha institución, fue trasladada desde la delegación de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC), en San Salvador, hacia un centro penitenciario en Izalco. Esto, a pesar de existir una resolución judicial que ordenaba mantenerla en dicha delegación por razones de salud.
Ese mismo día, familiares y abogados acudieron al lugar para visitarla y entregarle sus medicamentos, ya que López padece de hipertensión. Sin embargo, se les negó el acceso y recibieron información contradictoria por parte de las autoridades.
Horas más tarde, fueron informados del traslado, el cual se efectuó sin previo aviso ni posibilidad de contacto, según relataron.
Aunque autoridades penitenciarias reconocieron de forma informal que López se encuentra en el centro penal de Izalco, ni su familia ni su defensa han logrado verla o comunicarse con ella. Esta incomunicación, según Cristosal, genera preocupación por su estado de salud y constituye una grave vulneración a sus derechos humanos.
El hecho ocurre la misma semana en que Ruth López fue declarada «presa de conciencia» por Amnistía Internacional. Además, coincide con alertas emitidas por expertos de la ONU, quienes han solicitado medidas de protección para ella, y con una solicitud de medidas cautelares en trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentada con el fin de resguardar su salud, integridad y vida de López.
Cristosal sostiene que el proceso penal contra López responde a su labor en la documentación y denuncia de actos de corrupción estatal. La organización advirtió que su permanencia en un centro penitenciario representa un riesgo real para su integridad personal y seguridad.
Ruth López fue detenida el 18 de mayo en su residencia. En un inicio fue acusada de peculado, pero semanas después la Fiscalía General de la República (FGR) reformuló el cargo por el de enriquecimiento ilícito. El requerimiento fue presentado ante el Juzgado 12° de Paz de San Salvador, el cual decretó reserva total del proceso a solicitud de la FGR.
Durante la audiencia inicial, celebrada en ese mismo juzgado, López declaró ante los medios ser una «presa política» y señaló que el proceso en su contra responde a su trabajo contra la corrupción gubernamental.
El juez determinó que el caso avanzará a la etapa de instrucción, la cual se extenderá por al menos seis meses.
“Reiteramos el llamado urgente al Estado salvadoreño para garantizar sus derechos, permitir comunicación inmediata con su familia y defensa, y asegurar el cumplimiento de los estándares internacionales para la protección de personas privadas de libertad”, exigió Cristosal mediante un comunicado oficial.
Presos de conciencia
A principios de julio, Amnistía Internacional declaró como “presos de conciencia” a la abogada Ruth López, al defensor ambiental Alejandro Henríquez y al pastor y líder comunitario José Ángel Pérez, quienes fueron capturados como parte de un patrón sistemático de criminalización, que busca silenciar a quienes denuncian abusos, exigen justicia y demandan transparencia en la gestión pública.
La designación como persona prisionera de conciencia por parte de Amnistía Internacional se basa en un riguroso análisis de las circunstancias de la detención, se otorga a quienes han sido privadas de libertad exclusivamente por expresar pacíficamente sus ideas, ejercer sus derechos o por motivos relacionados con su identidad, u otras características protegidas por el derecho internacional de los derechos humanos, sin haber recurrido a la violencia ni incitado al odio.
“El recrudecimiento de este patrón en las últimas semanas es una clara señal de alerta, sobre la velocidad con la que el gobierno de Nayib Bukele está desmantelando el espacio cívico”, enfatizó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
