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Blanca Flor Bonilla
Luchadora Social por los Derechos Humanos
Durante cientos de años la población mundial creció de manera lenta, alzando unos 1,000 millones de habitantes hace doscientos años. Desde entonces ha crecido siete veces más. En el 2011 llegamos a 7,000 millones de personas en el planeta y se prevé que para el año 2030 alcancemos los 8,000 millones 500 mil personas y que superaremos los 10,000 millones en el año 2100.
De acuerdo con Naciones Unidas, este crecimiento acelerado ha sido impulsado por cuatro factores: el creciente número de personas que llegan a la edad reproductiva, tasas de fecundidad en aumento, mayor urbanización y mayores porcentajes de personas migrando. Recientemente se han registrado cambios notables en las tasas de fecundidad y en la esperanza de vida. A principio de los 1970, las mujeres parían una media de 4.5 hijos cada una; en 2015, la fecundidad total mundial había bajado hasta unos 2,5 hijos por mujer. La esperanza de vida pasó a ser de 64.6 años a comienzos de la década de 1990 hasta 72.6 años en 2019. Las urbanizaciones se han incrementado y se ha acelerado la migración. En 2007, por primera vez, vivieron más personas en zonas urbanas que en zonas rurales, y en 2050 alrededor del 66 % de la población mundial vivirá en ciudades.
Estas mega tendencias afectan al desarrollo económico, al empleo, la distribución de la renta, la pobreza y las protecciones sociales, al acceso universal a la atención médica, la educación, la vivienda, el saneamiento, el agua, los alimentos y la energía. Para satisfacer de manera más sostenible los derechos de las personas, en la formulación de políticas deben saber cuántas personas viven en sus territorios, dónde se encuentran, qué edad tienen y cuántas personas habrá en el futuro.1
También se ha dado un proceso acelerado relacionado con los derechos de las mujeres a decidir qué hacer con su cuerpo, tener libertad y autonomía en la toma de decisiones. Todas las personas tienen el derecho de elegir qué hacer con el cuerpo, protegerlo y cuidarlo: la calidad de vida depende de ello. Tener derecho a la autonomía corporal significa tener el poder y la capacidad de actuación necesarios para tomar decisiones sin temor a la violencia y sin que alguien decida por cada una. Significa poder decidir si quiere tener relaciones sexuales o no, cuándo y con quién, que las mujeres puedan decidir si quieren quedarse embarazadas y cuándo, sin excluir la responsabilidad del hombre. Una niña y un niño nace de la relación de una mujer y un hombre, por lo que éste debe asumir todas las obligaciones que se derivan de engendrar y ser padre.2
La situación de los derechos de las mujeres se degradó durante la pandemia de COVID-19 incrementando las desigualdades basadas en el género durante las cuarentenas, por ejemplo, afectando en mayor medida a mujeres en el trabajo, desestabilizando su situación económica inmediata y de largo plazo, sobrecargándolas con las responsabilidades el cuidado y los estudios de niñas, niños y adolescentes, y del cuidado de otras personas mayores del hogar. Se estima que 12 millones de mujeres sufrieron interrupciones en los servicios de planificación familiar. También surgió la violencia contra las mujeres denominada “la pandemia en la sombra” que consistió en el incremento de la violencia de género, el abuso y las violaciones sexuales a niñas, niños y adolescentes.3 Además, en lugares con poblaciones en aumento, las respuestas políticas han incluido la coercitiva planificación familiar y esterilización, violentando su derecho a decidir.
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas planteó en 2020 que la mayoría de Estados cuentan con garantías constitucionales en materia de igualdad de género, pero en el plano mundial las mujeres tienen realizados, en promedio, apenas el 75 % de los derechos jurídicos de los hombres. Las encuestas cuantitativas indican que entre el 4 % y el 29 % de las mujeres que utilizan métodos anticonceptivos lo hacen sin que sus maridos o parejas lo sepan, y solo el 55 % de las mujeres tienen el poder de tomar sus propias decisiones sobre su cuerpo. Aproximadamente el 58 % de las mujeres asesinadas murieron a manos de su pareja o de un miembro de su propia familia, lo que representa 137 mujeres al día según información de la Organización Mundial de la Salud (2013).
Ante la pandemia por el COVID 19, el Fondo de Población de las Naciones Unidas-UNFPA, pide que se dé prioridad a la salud reproductiva y a los derechos de todas y todos mediante el acceso a información y a los servicios de cara a los cambios demográficos y de fecundidad.
