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Redacción Nacionales
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Veintiocho miembros del Congreso de los Estados Unidos enviaron una carta al nuevo secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, en la que le solicitan explicaciones sobre el traslado secreto de entre 30 y 40 migrantes salvadoreños hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) entre marzo y abril de 2025.
La iniciativa fue encabezada por el congresista Jim McGovern (demócrata por Massachusetts), copresidente de la Comisión de Derechos Humanos “Tom Lantos” y uno de los principales referentes del ala demócrata en temas de política exterior y derechos humanos en la Cámara de Representantes.
Según la carta, los traslados habrían ocurrido junto con la deportación de más de 200 migrantes venezolanos hacia el mismo centro penitenciario de máxima seguridad. Mientras los ciudadanos venezolanos fueron posteriormente liberados mediante un intercambio de prisioneros, los congresistas advierten que los salvadoreños permanecen detenidos en cárceles del país, presumiblemente en el CECOT u otros centros penitenciarios, sin claridad sobre su situación legal actual.
Cuestionamientos sobre legalidad del acuerdo
Uno de los principales puntos señalados en la comunicación enviada al DHS es el posible carácter ilegal de los pagos realizados por Estados Unidos al Gobierno salvadoreño para encarcelar migrantes deportados.
De acuerdo con información citada por los legisladores, Washington habría pagado al menos 4.75 millones de dólares por la detención de ciudadanos venezolanos y salvadoreños trasladados a El Salvador. Sin embargo, los congresistas advierten que, debido a las denuncias de graves violaciones de derechos humanos documentadas en el CECOT, esos pagos podrían contravenir el marco legal estadounidense.
La carta solicita además información detallada sobre los procedimientos utilizados para autorizar los traslados, así como la base jurídica que sustenta la cooperación entre ambos gobiernos en este tipo de operaciones.
Preocupación por posibles deportaciones irregulares
Los legisladores también pidieron al secretario Mullin y al secretario de Estado Marco Rubio que proporcionen la lista completa de pasajeros incluidos en los vuelos realizados en marzo y abril de 2025 hacia El Salvador.
El objetivo, explicaron, es determinar si algunos de los migrantes pudieron haber sido deportados en violación de órdenes judiciales vigentes. Como ejemplo citaron el caso de Kilmar Abrego García, quien contaba con una orden de suspensión de expulsión que impedía su deportación al país.
Hasta ahora, la lista oficial de pasajeros no ha sido publicada, lo que ha obligado a familiares de los migrantes a reconstruir información mediante registros filtrados por periodistas y material audiovisual difundido por autoridades salvadoreñas.
Familias recurren a instancias internacionales
Ante la falta de información oficial, familiares de varios migrantes salvadoreños —entre ellos Brandon Sigarán, Irvin Quintanilla, Elmer Escobar, José Osmín Santos, William Martínez y Miguel Fuentes— presentaron denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Inicialmente, según organizaciones acompañantes, el Gobierno salvadoreño negó que estas personas hubieran sido trasladadas al país. Posteriormente, en al menos uno de los casos, autoridades salvadoreñas informaron a la CIDH que el migrante permanece detenido bajo un “Acuerdo de Cooperación Bilateral” con Estados Unidos, mientras se espera información sobre su situación jurídica.
De acuerdo con los congresistas firmantes, ninguno de los salvadoreños trasladados enfrenta cargos penales en El Salvador.
Reacciones de organizaciones de derechos humanos ⚖️
Diversas organizaciones internacionales reaccionaron a la carta enviada por los legisladores estadounidenses, señalando la necesidad de transparencia sobre el uso de recursos públicos y la situación legal de los migrantes detenidos.
La directora ejecutiva del Latin America Working Group, Vicki Gass, calificó como “indignante” la falta de información sobre las identidades de las personas deportadas y el monto total de los pagos realizados al Gobierno salvadoreño.
“Tampoco hay justificación para su encarcelamiento en El Salvador si allí no enfrentan cargos penales”, afirmó la dirigente, quien pidió garantías de debido proceso y la liberación de quienes permanecen detenidos injustamente.
Por su parte, Alexis Stoumbelis, directora ejecutiva del Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador, señaló que la situación debería motivar acciones urgentes por parte del Congreso estadounidense.
“Saber que incluso un solo migrante deportado permanece encarcelado sin haber cometido delitos en El Salvador debería impulsar a los legisladores a revisar estos acuerdos”, sostuvo.
Contexto internacional y protestas recientes
La carta fue enviada pocos días después de vigilias y manifestaciones organizadas en Estados Unidos por organizaciones de defensa de derechos humanos, colectivos de migrantes y grupos de solidaridad internacional.
Estas actividades coincidieron con el cuarto aniversario del régimen de excepción vigente en El Salvador desde marzo de 2022, en el marco del cual más de 90,000 personas han sido detenidas.
Según datos citados por los organizadores, al menos 500 personas han fallecido bajo custodia estatal durante ese período, mientras informes de inteligencia salvadoreños indicarían que más de 33,000 detenidos no tenían vínculos documentados con estructuras criminales.
Asimismo, organizaciones participantes denunciaron la implementación de audiencias masivas iniciadas en enero de este año, señalando que podrían vulnerar el derecho a la defensa y al debido proceso.
Durante una vigilia frente a la Embajada de El Salvador en Washington, activistas también denunciaron lo que calificaron como persecución política contra defensores de derechos humanos y periodistas independientes. En el acto, se recordaron palabras del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, quien antes de su asesinato en 1980 llamó a las autoridades salvadoreñas a “cesar la represión”.
La carta enviada por los congresistas representa uno de los pronunciamientos más recientes dentro de un creciente debate en Washington sobre la cooperación migratoria y de seguridad entre Estados Unidos y El Salvador, especialmente en relación con el uso de centros penitenciarios salvadoreños para la detención de migrantes deportados.
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