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Redacción Nacionales
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Luego que el Juzgado de Sentencia de San Vicente declaró por segunda vez inocentes y absolvió a los cinco líderes ambientalistas de Cabañas, la Comunidad Santa Marta pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que no intente nuevamente revertir el fallo absolutorio y termine de una vez esta “farsa judicial”, de hacerlo exigió a la Cámara correspondiente que rechace cualquier recurso de apelación orientado a anular la resolución.
“Instamos a la Fiscalía que se dedique a investigar y judicializar los verdaderos delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos durante el conflicto armado, empezando por las horrendas masacres, asesinatos, torturas, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los derechos humanos perpetrados por el ejército gubernamental y sus grupos paramilitares contra Santa Marta y otras comunidades”, expresó.
Asimismo, indicó que el fallo dado a conocer este 24 de septiembre, es la confirmación del sobreseimiento definitivo que ya había sido otorgado por el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque en octubre del año pasado, es decir, los activistas ambientales han sido absueltos en dos ocasiones de crímenes que no cometieron.
El fallo absolutorio ratifica la total inocencia de los defensores ambientales y confirma la denuncia de que la falsa acusación respondía a una estrategia de criminalización del activismo ambiental y persecución de la lucha contra los proyectos mineros en Cabañas.
“Valoramos positivamente el fallo dado por el Juzgado de Sentencia de San Vicente, su decisión de declarar inocentes y absolver penalmente a los procesados de todos los delitos imputados no sólo es una acción legal y justa, sino que representa un acto de valentía frente a la cooptación de la mayoría de instancias del sistema judicial y los intereses extrajudiciales que están relacionados con las intenciones de reactivar la minería metálica en el país”, aseguró la Comunidad.
El Tribunal entregará por escrito su resolución completa el próximo 8 de octubre, sin embargo, la Comunidad Santa Marta consideró incongruente que el fallo absolutorio plantee la posibilidad de una demanda civil, a pesar de no existir una condena penal.
A la vez, exigió la derogación de la Ley General de Minería Metálica y el restablecimiento de la prohibición definitiva de esta actividad, que fue el resultado de un amplio consenso nacional por el agua, la salud y la vida de las presentes y futuras generaciones.
La Comunidad también pidió la libertad de todos los presos políticos del país, entre ellos, Ruth López, Alejandro Henríquez, Ángel Pérez, Enrique Anaya, Fidel Zavala, Eugenio Chicas, los veteranos de la Alianza El Salvador en Paz y los demás defensores de derechos humanos, sindicalistas y activistas sociales encarcelados ilegal e injustamente.
En el caso de los abogados Ruth López y Enrique Anaya, se demanda el cumplimiento inmediato de las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana Americana de Derechos Humanos (CIDH).
