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El pasado miércoles 3 de abril se realizó la audencia preliminar contra los activistas ambientales de la comunidad Santa Marta y de la asociación ADES, acusados por un supuesto asesinato cometido durante la época del conflicto armado.
El caso ha cobrado una enorme relevancia y ha llamado la atención internacional por dos aspectos importantes: la falta de pruebas en la acusación penal y el rol de defensores ambientales de los detenidos. Sobre lo primero, la defensa legal señala que el dictamen de acusación presentado por la Fiscalía no incorporó ninguna prueba adicional y sigue basándose en las declaraciones contradictorias de un testigo protegido, no hay cuerpo del delito y no existen otros elementos probatorios que compensen la falta del cadáver de la supuesta víctima; y con respecto a lo segundo, organizaciones sociales denuncian la posible reactivación de la minería metálica como trasfondo político del caso.
Es por eso que centenares de organizaciones, académicos, abogados y congresistas de más de treinta países alrededor del mundo consideran que se trata de un montaje judicial orquestado por la Fiscalía General de la República (FGR) contra quienes representan un obstáculo para los oscuros intereses extractivistas.
Esta semana, el Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque reanudará la audiencia y dará a conocer su resolución, en la cual establecerá si sobresee a los ambientalistas o si los manda a vista pública.
Consecuente con el seguimiento informativo y editorial que como Diario Co Latino hemos dado a este sonado caso durante ya casi quince meses, hoy reiteramos nuestro deseo de que prevalezca la legalidad y la justicia, lo cual -en este caso- sería decretar la libertad definitiva de los líderes de Santa Marta y ADES, debido a la falta de pruebas reales sobre la existencia del delito imputado y de la participación de los acusados en su cometimiento.
En vez de criminalizar a los líderes de Santa Marta, la Fiscalía y el sistema judicial deberían investigar las masacres cometidas contra esta comunidad durante la guerra civil, en las que cientos de personas inocentes, principalmente mujeres, niños y ancianos, fueron cruelmente asesinadas por el ejército gubernamental y sus grupos paramilitares.
Previo a la audiencia, más de cincuenta redes, foros, mesas, colectivos y otros espacios del movimiento social salvadoreño pidieron cerrar el caso. También organizaciones de ex miembros de la guerrilla y de la Fuerza Armada solicitaron lo mismo, señalando que la acusación contra los líderes de Santa Marta abre el camino para perseguir a todo el sector de veteranos, veteranas y ex combatientes.
La Fiscalía y los tribunales también deben tener en cuenta la preocupación de los países amigos por la instrumentalización de la justicia en El Salvador.
De hecho, en la audiencia de la semana pasada trascendió la presencia de representantes diplomáticos de Alemania, Canadá, Francia, Inglaterra y la Unión Europea, y de las ONGs españolas.
En un editorial anterior también apuntamos que la acusación contra los representantes de Santa Marta y ADES es improcedente debido a la vigencia de la Ley de Reconciliación Nacional, la normativa que permitió el desarme de las organizaciones beligerantes del conflicto armado, la incorporación de los ex combatientes a la vida civil y viabilizó la implementación de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a doce años de guerra civil y a cinco décadas de militarismo.
Esperemos, pues, que la legalidad, la justicia y el bien del país prevalezcan; es decir: que los ambientalistas de Cabañas sean puestos en libertad y el caso sea cerrado definitivamente. Así los líderes comunitarios podrán retomar sus labores de protección del agua y el medioambiente, y la Fiscalía y los tribunales podrán dedicar sus valiosos recursos a la investigación y procesamiento de verdaderos casos de cometimiento de delitos.
