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La Fiscalía General de la República, con el apoyo de unidades especiales de la Policía Nacional Civil, capturó, la semana pasada, al empresario Gustavo López Davidson y a otros ejecutivos de la de la empresa CENTRUM S.A. de C.V, así como a dos exministros de la defensa nacional, por un caso de permuta entre la empresa CENTRUM y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES).
La permuta es un contrato por el que cada una de las partes hace entrega de bienes distintos o de similares características, como si se tratara de un trueque. El valor de la permuta -en este caso- asciende a dos millones de dólares. Este caso fue denunciado públicamente por el presidente de la República Nayib Bukele a principios de noviembre del año pasado, quien a la vez ordenó a su ministro de Defensa, René Merino Monroy, interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el empresario y a la sazón presidente del partido ARENA, Gustavo López, lo que fue cumplido por el ministro una semana después.
En la denuncia ante la fiscalía, el ministro Merino Monroy manifestó que “en 2013, a la empresa de Gustavo López Davidson se le entregaron armas en buen estado, pero las hicieron pasar por obsoletas y en 2016 devolvieron equipo arruinado”.
Luego fueron agregadas más denuncias ante la FGR. El 20 de noviembre por presunta estafa agravada, cohecho, falsedad material, tráfico ilícito de armas y evasión de impuestos.
Ante las denuncias, el empresario y dirigente de ARENA presentó, ante la Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro, una denuncia en contra del presidente de la República Nayib Bukele, por supuesta difamación y calumnia y exigió el pago de 8 millones de dólares al mandatario Bukele, pero la Cámara desistió la demanda porque el presidente Bukele goza de inmunidad.
López Davidson dijo que el presidente Bukele se estaba valiendo de su cargo para “emprender persecuciones de carácter político. Él ha hablado y escrito a través de Twitter un montón de cosas, que lo que esperamos es que sean comprobadas en un tribunal”, retó el dirigente arenero, minutos antes de ingresar a la Cámara. Pero la PNC no solo capturó al empresario López Davidson, sino que también a dos generales que estuvieron al frente del Ministerio de Defensa en 2013, cuando se realizó la permuta. Se trata del general David Munguía Payés y el general José Atilio Benítez Parada.
Este caso presenta, sin lugar a dudas, además de lo penal, cierto morbo político, por la forma pública de la denuncia hecha por el presidente Nayib Bukele y por la respuesta que dio en su momento el expresidente del COENA, máximo organismo de dirección del partido ARENA. No obstante, lo político debe quedar de lado y lo más importante debe ser, en este momento, la parte judicial. Es decir, hay que esperar que la Fiscalía General de la República haya presentado las evidencias contundentes para que el juez o los jueces impongan la pena que establece la ley y, caso contrario, que los ponga en libertad.
En El Salvador, sin lugar a dudas, después de la firma de la paz, en 1992, se han venido mostrando avances en diversos campos, uno de ellos es en el campo jurídico. Hay expresidentes condenados por delitos de corrupción, uno de ellos en prisión, y el otro no lo está porque falleció mientras guardaba prisión domiciliaria. Pero también ha habido condenas contra otro tipo de funcionarios y empresarios.
En esa dirección, esperamos que en este caso, el juez valore concienzudamente las pruebas presentadas por la fiscalía y, si encuentra las evidencias, que imponga la pena, sino, que ponga a los acusados en libertad.
El Salvador necesita más señales de que la justicia es real y no solo por las condenas, también cuando se decida por absolución de un acusado, pues, no puede tenerse en presión a un o una inocente. Lo importante es que las presiones externas, como podrían sospechar algunos en este caso particular, no tengan ningún efecto en los aplicadores de justicia.
