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Por Leonel Herrera*
El escritor salvadoreño-canadiense Carlos Bucio Borja fue liberado a mitad de esta semana, tras pasar tres días encarcelado. Fue detenido el domingo 4 de febrero, en un centro de votación de San Salvador, por leer los artículos de la Constitución de la República que prohíben expresamente la reelección presidencial continua.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) lo detuvieron por hacer “desórdenes públicos”, pero gracias a la presión ciudadana en medios y redes sociales y a gestiones del gobierno de Canadá quedó en libertad. La Fiscalía no presentó ninguna acusación formal porque lo actuado por Bucio Borja no puede tipificarse como delito; por tanto, su detención fue un acto ilegal y constituye una violación flagrante a la libertad de expresión.
Este abuso y arbitrariedad contra Bucio Borja muestra lo incómodo que es para el régimen de Nayib Bukele la Constitución violada por sus delirios autoritarios y deseos de perpetuarse en el poder: le irrita que se hable de ella y -más aún- que se mencionen los artículos transgredidos por su candidatura presidencial.
Es la misma incomodidad que el cadáver de una víctima provoca a su victimario. Por eso es posible que Bukele y sus secuaces tengan planteado deshacerse cuanto antes del incómodo y molesto texto constitucional. En artículos anteriores he advertido que, con el afán de adecuar los marcos jurídicos a la dictadura que iniciará el próximo 1o de junio, el oficialismo también podría modificar la Constitución y la principal reforma -lógicamente- sería la eliminación de la prohibición de la reelección presidencial.
Otras reformas podrían otorgar “súper-poderes” al presidente de la república para -por ejemplo- poder gobernar por decreto o designar directamente a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al fiscal general y a otros funcionarios que actualmente son nombrados por la Asamblea Legislativa. También podría modificarse el rol de la Fuerza Armada y darle una beligerancia política como la que le fue proscrita por los Acuerdos de Paz.
Y a propósito de los Acuerdos de Paz, también podrían ser eliminadas la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la Policía Nacional Civil y el Tribunal Supremo Electoral. Como los Acuerdos “son una farsa”, las instituciones que éstos crearon tendrían que ser clausuradas.
Es posible que la eventual desaparición de la PNC le dé paso a una nueva “policía militar” y que el TSE sea sustituido por una instancia electoral que dependa directamente de Casa Presidencial, como ya sucede en la práctica y quedó demostrado en las elecciones presidenciales y legislativas del pasado domingo.
Estas reformas serían aprobadas por la legislatura saliente y ratificadas por la próxima gestión parlamentaria. Probablemente a esa -y a otras razones- se deba la febril obsesión del oficialismo por mantener la mayoría de diputados y eso también explicaría su intervención en el proceso electoral que se ha convertido en un verdadero caos. Nayib Bukele ha pedido al menos 58 de los 60 diputados y el TSE debe hacer que los números cuadren con las ansias de poder del mandatario.
*Periodista y activista social.
