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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
La captura de los sindicalistas Ana Argentina Ramos de Joma y Edwin Boanerges Lovo García, así como el secretario general, Ovidio Hernández, ha generado una ola de rechazo por parte del movimiento sindical y organizaciones de defensa de derechos humanos.
Las protestas del SITRASOYA del martes por la noche, que incluyó acciones de calle, para denunciar la situación una vez más la falta de pago de los salarios de diciembre, incluido el aguinaldo, tuvo como respuesta de las autoridades la captura de tres líderes sindicales, incluido el secretario general de la gremial.
La protesta era para dennciar también el silencio del Ministerio de Trabajo (MINTRAB) y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), sobre estas violaciones a la clase trabajadora.
“El salario constituye la única fuente de ingresos económicos de la que disponen las personas trabajadoras para su sostenimiento y el de sus familias”, dijo una integrante de la Mesa por la Justicia al evaluar los recientes acontecimientos que inundaron las redes sociales la noche del pasado martes con la captura arbitraria de representantes del Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Soyapango (SITRASOYA).
“Al no percibir el correspondiente salario, no solo constituye una violación al derecho de remuneración sino una violación a los derechos humanos ya que reduce o limita el acceso a la alimentación, educación, la salud, vivienda y acceso a la cultura que necesitan las personas trabajadoras”, agregó.
La Mesa Permanente por la Justicia Laboral que la integran diversos espacios de movimientos sociales, sindicatos del sector público, privado e independientes, así como organizaciones pro defensa de derechos humanos, como FESPAD, se pronunciaron públicamente ante lo que consideran una agresión a la clase trabajadora y la criminalización del movimiento sindical por parte del Estado salvadoreño.
El colectivo señaló, que la irresponsabilidad de la alcaldesa Nercy Montano, quien fuera capturada el pasado 28 de diciembre, por los delitos de
“Apropiación indebida de cuotas laborales (ISSS/AFPs) , incumplimiento en perjuicio de la administración pública y malversación de fondos”, como rubricó en sus redes sociales la Fiscalía General de la República (FGR), no ha terminado de resolver la problemática del impago a los trabajadores. “En el caso específico de la Alcaldía de Soyapango, ese impago del salario, la retención indebida de la cuotas laborales y no cancelar los préstamos de las personas trabajadoras, ha resultado que las entidades financieras les asignen mora por la deuda”, dijeron.
“La intimidación y las amenazas de despidos, la no dotación de herramientas de trabajo y el impago de bonos se constituyen en violaciones a los derechos laborales y humanos contemplados en la Constitución de la República, la Ley de la Carrera Administrativa Municipal y el Reglamento Interno de Trabajo”, reiteraron.
Teresa Hernández, integrante de FESPAD, lamentó que en el balance del año pasado se cerró con un centenar de denuncias sobre una sistemática violación a los derechos laborales como el impago de salarios y prestaciones sociales, una situación no solo del gobierno local de Soyapango, sino de alrededor de 6 a 10 alcaldías más del país, todas gobernadas por Nuevas Ideas.
“Iniciamos el año de 2023 con las mismas denuncias y es mucho más preocupante que una situación de denuncia ante la violación de los derechos laborales, termine en una captura de líderes sindicales que solo buscan una solución a la economía de más de 1,800 familias que no han recibido su correspondiente salario”, acotó. “Y es preocupante también que ante esa vulneración de derechos laborales como el impago del salario esto se convierta en una -esclavitud moderna- en donde solo se trabaja sin pago. Y que al exigir su derecho se criminalice el movimiento sindical, es grave”, sostuvo.
Asimismo, señaló que esas capturas eran de un “Estado que hace estas cosas de forma arbitraria”, violentando derechos como el “fuero sindical”, porque los capturados son los directivos del SITRASOYA, que además estaban defendiendo la vulneración de los derechos de los trabajadores, a quienes ellos representan y era una manifestación pacífica.
“No se tiene aún información de su situación y de veras, hay un video de ayer por la noche que impacta y es una mujer que está tirada en el suelo y que diga -ya no me fían- estamos hablando de un derecho a la alimentación y salud violentados. Y precisamente en enero cuando miles de familias están por comprar los útiles escolares de sus hijos e hijas”, reseñó.
“Nosotros, como FESPAD, que acompañamos a la Mesa por la Justicia Laboral, pedimos que el Estado salvadoreño, a través de sus instituciones revise el por qué realizan estas acciones, y queremos información de las y los compañeros que han sido detenidos”, indicó Hernández.
FESPAD solicitó también un pronunciamiento de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), y que la Fiscalía realice su trabajo presentando ante el juzgado los delitos que ha establecido en el término requerido.
“Es lamentable que se esté aplicando el contenido del Régimen de Excepción, entonces, no se sabría cuándo se aplicará y presentará ante el juzgado, mientras con la captura de la alcaldesa Nercy Montano, no la han presentado a los tribunales, no hay nadie a cargo de la alcaldía de Soyapango”, señaló.
“Ella es quién tiene que responder por estas vulneraciones laborales que se han establecidos y estamos hablando de una deuda de unos 800 mil a un millón de dólares, mensuales de 1, 800 personas trabajadoras, no hay informes de cómo se van a resolver este problema”, reprochó.
La Mesa Permanente por la Justicia Laboral también denunció la captura del secretario General de SITRASOYA, que fue en horas de la mañana del miércoles, y el silencio de las entidades que tienen el mandato de esclarecer y defender el derecho de la población trabajadora.
Un miembro del Movimiento de Trabajadores Despedidos opinó que lo ocurrido en Soyapango no era un hecho aislado, que viene desde el año 2019, que el nuevo gobierno tomó posesión. “Ha sido el gobierno más vulnerador de los derechos laborales” y que ellos han venido denunciándolo a lo largo del mandato. “Estas capturas y esta situación tiene un contexto y es generar miedo e intimidación en la gente -pero estamos aquí – y vamos a exigir nuestros derechos. Hay 10 alcaldías más que están en la misma situación y sus trabajadores reclaman sus derechos laborales como lo establece la Constitución de la República (art. 52). Por eso exigimos que dejen en libertad inmediata a nuestros compañeros detenidos del SITRASOYA”, puntualizó.
