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Por David Alfaro
El envío de soldados a una comunidad como San Isidro, especialmente en un contexto de resistencia ambiental, se alinea con un patrón represivo: el uso de la fuerza para silenciar la oposición y garantizar intereses económicos o políticos, como la explotación minera. Este tipo de acciones reflejan un choque entre los derechos de las comunidades para proteger su medio ambiente y la lógica autoritaria de un gobierno inconstitucional que prioriza proyectos económicos sobre la consulta y el respeto al tejido social.
Es importante recordar que la explotación minera en El Salvador fue prohibida en 2017 debido a los graves impactos ambientales y sociales que genera. Si ahora Bukele revirtió esa postura, es esencial preguntarse quién se beneficia realmente. Además, la militarización como estrategia de intimidación no solo vulnera los derechos humanos, sino que también muestra un desprecio por los mecanismos democráticos y el diálogo ciudadano.
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