Redacción Nacionales
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La Asamblea Legislativa aprobó, con 57 votos, la prórroga número 56 del régimen de excepción, esta medida ha estado vigente desde el 27 de marzo de 2022.
Vía dispensa de trámite (sin discusión en comisión), los legisladores aprobaron dar continuidad a las medidas extraordinarias de seguridad implementadas por el Gobierno para presuntamente “combatir frontalmente” a las pandillas en El Salvador. El régimen de excepción suspende los derechos relacionados a la privacidad de las telecomunicaciones, la detención administrativa por 72 horas y el derecho a defensa y ser informado en la detención.
El Consejo de Ministros señala que el régimen es necesario debido a la existencia de grupos terroristas, “que, de no erradicarse por completo, su accionar permitiría un retroceso a los logros obtenidos”.
A la fecha, se han detenido a 93 mil 334 personas bajo el régimen de excepción según lo informa el decreto de prórroga. La extensión de esta medida estará vigente del 28 de octubre al 26 de noviembre de 2026.
El Gobierno señala, en los considerandos, que producto de la investigación reciente “ha permitido detectar conductas orientadas al financiamiento y al apoyo logístico de estructuras delictivas, así como actividades de comunicación y reclutamiento destinadas a conservar vínculos entre sus integrantes, facilitar la ejecución de hechos ilícitos у generar condiciones para su eventual reorganización”.
De igual manera, el Gobierno señaló que “se han identificado acciones aisladas que reproducen prácticas propias del modo de operar de las pandillas, particularmente aquellas dirigidas a mantener mecanismos de vigilancia, identificación y control sobre determinados espacios o comunidades; por tanto, estas manifestaciones deben ser atendidas mediante las herramientas que otorga el régimen de excepción”.
Con la extensión del régimen de excepción, el Gobierno puede hacer compras fuera de la Ley de Compras Públicas.
Bajo el régimen de excepción, según Socorro Jurídico Humanitario, al menos 580 salvadoreños han muerto bajo la tutela del Estado, sin haber sido vencidos en juicio y sin las debidas garantías procesales, de estos, el 94% de las víctimas no poseían perfil de pandilleros, “lo que refleja un patrón de muertes arbitrarias e impunidad en el marco de juicios masivos”, destacó la organización de derechos humanos.
La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz votó en contra y los diputados de ARENA, se encontraban ausentes.
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