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La clara manipulación del alto mando militar y policial por parte del presidente Nayib Bukele, y que parte del pueblo avala y aplaude, debe llevar a la reflexión a los altos mandos tanto de la Fuerza Armada como de la Policía Nacional Civil (PNC), pues si estas instituciones siguen al servicio del presidente y de la nación, muy pronto se verán envueltos en más y graves violaciones a los derechos humanos y a la institucionalidad del país.
Es cierto que como parte del encanto que hasta ayer rodeaba al presidente Bukele, según las encuestas, hizo juramentar a la Fuerza Armada y a la Policía a rendirle obediencia y defender su gobierno, que en lectura real es defender sus ansias de poder exacerbadas. Lamentablemente, una buena porción de la población no se ha dado cuenta del peligro, pues han visto con normalidad y aplaudido incluso los atropellos a la institucionalidad del país.
Estamos por cumplir el primer año de la irrupción a la Asamblea Legislativa, el 9 de febrero del año pasado, y aunque un par de diputados aprueben la ocupación del Salón Azul por el presidente del Ejecutivo, utilizando fuerzas especiales de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil, fue un atropello a otro órgano del Estado y por eso se considera un fracasado golpe de Estado al legislativo. El alto mando está a favor de esos atropellos, pero los mandos medios deben entender que lo que les ordenan hacer es contra la Constitución, contra los Acuerdos de Paz y contra la democracia.
Lo mismo está sucediendo con la PNC, cuando la cúpula policial ha jurado lealtad al presidente Nayib Bukele, está cometiendo acciones que no solo desprestigian a esa institución producto del Acuerdo de Paz, sino que degenerará la misión con la que fue constituida: garantizar la seguridad, pero respetuoso de los derechos humanos, el respeto de la ley y con un compromiso profundo a la institucionalidad del país. El 31 de enero, al final de la tarde, se cometió un crimen, que el presidente Bukele quiso tergiversar y, lamentablemente, el mando jerárquico de la PNC se ha prestado a ese propósito. Ese día, tres miembros de la seguridad del Ministerio de Salud, entre ellos el jefe de la seguridad, un miembro de la PNC, dispararon contra un pick up que transportaba a militantes del FMLN, debidamente identificados con sus tradicionales banderas y vestimenta rojo y blanco, matando a un hombre y una mujer e hiriendo a dos más.
Y sin tener los primeros informes de la investigación, el presidente Bukele informó que lo ocurrido esa tarde noche había sido un autoatentado. Posteriormente, el mandatario dijo que los del FMLN habían atacado a la seguridad del Ministerio de Salud y que estos habrían actuado en defensa propia. Sin embargo, en uno de los videos que presentó la Fiscalía General de la República se demuestra que quienes agreden a los del FMLN fueron los de la seguridad del Ministerio, atravesaron el vehículo al pick up del FMLN y sacaron sus armas, uno de ellos hace los disparos, y luego huyen del lugar de los hechos en un vehículo azul, que luego fueron a esconder al Ministerio de Salud, de donde lo recuperó la Fiscalía. Por cierto, en las primeras pericias hechas al vehículo, encontraron evidencia de heroína.
Dado que el presidente ha querido justificar las muertes del FMLN presentó un vídeo preparado por la PNC, debidamente editado, para acomodarlo a la nueva versión del presidente Bukele. La PNC, incluso, acusa a la Fiscalía General de la República de utilizar solo uno de los videos entregados, con la intención, según la Policía Nacional Civil, de favorecer a los del FMLN e inculpar al personal de seguridad del Ministerio de Salud.
La forma como el alto mando policial y militar están siendo manipulados por el presidente Bukele debe llevar a la reflexión de los mandos medios, pues al final de cuenta son ellos los que obedecerán las órdenes de sus superiores y los obligarán a cometer violaciones a los derechos humanos. La forma como la PNC está tratando el caso del 31 de enero debe llamar la atención de los mandos y base de la PNC, pues este cuerpo de seguridad tiene compromisos con la nación desde su creación y, por lo tanto, no deben permitir que estas dos instituciones se desnaturalicen, aunque hay que reconocer que ese proceso de desnaturalización ha comenzado.
