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Por Paula Bustamante
Buenos Aires/AFP
Sin fisuras, el Congreso argentino aprobó el miércoles una ley que frena la excarcelación anticipada de condenados por delitos de lesa humanidad, y envió un mensaje para calmar las aguas antes de una marcha en repudio al fallo de la Corte Suprema que crispó al país.
La nueva ley impide conceder a los culpables de crímenes de lesa humanidad el beneficio de reducción de condenas. El texto se aprobó en debates con la emoción a flor de piel de diputados y senadores, algunos de ellos protagonistas y víctimas directas de la dictadura que marcó a Argentina entre 1976 y 1983.
La rápida aprobación por unanimidad de la ley «es una señal muy clara a la sociedad y a los jueces de cuál es la posición del pueblo argentino» frente a los derechos humanos, dijo Federico Pinedo, presidente provisional del Senado y hombre cercano al presidente Mauricio Macri.
El cuestionado fallo de la Corte Suprema, donde tres de los cinco jueces aprobaron una reducción de pena para el exagente paramilitar Luis Muiña -condenado a 13 años de prisión-, puso en rebelión a abogados, jueces, fiscales y legisladores.
La nueva ley se aprobó horas antes que las organizaciones de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo lideren en Buenos Aires una marcha respaldada por sindicatos, referentes de derechos humanos como el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, integrantes de Amnistía Internacional e incluso futbolistas.
«Quiero expresar mi adhesión y la de la Fundación Estudiantes al acto convocado bajo la consigna ‘Señores jueces: Nunca Más. Ningún genocida suelto. 30 mil detenidos-desaparecidos ¡presentes!'», escribió a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, Juan Sebastián Verón, jugador y presidente del club de fútbol Estudiantes de La Plata.
La manifestación se concentró a las 6:00 de la tarde, hora local, en Plaza de Mayo, donde hablaron Carlotto, y las integrantes de Madres, Taty Almeida y Lita Boitano.
Por primera vez en la historia, los asistentes llevaron sobre sus cuellos el simbólico pañuelo blanco que identifica a estas veteranas activistas -hoy con más de 80 años-, desde sus primeras manifestaciones.
Rebelión judicial
La justicia argentina vivió el martes una rebelión con la acusación de «prevaricato» contra tres jueces de la Corte Suprema por reducir la condena a un represor de la dictadura (1976-83), mientras tribunales inferiores rechazan aplicar ese dictamen a otros violadores de derechos humanos que piden libertad.
A la denuncia contra los jueces por un fallo considerado arbitrario e injusto, se sumó la decisión de un tribunal federal de San Juan (oeste) que negó beneficiar a otro exrepresor condenado por entender que el dictamen de la Corte Suprema es «inconstitucional e inaplicable».
En Argentina, cualquier juez de un tribunal de primera instancia «puede dictar la inconstitucionalidad de la norma» dictada por la Corte en relación a un caso particular, explicó Emanuel Novelli, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo.
El fiscal Guillermo Marijuan imputó a los tres jueces de la Corte que aprobaron el miércoles el fallo conocido «2×1», que permite computar doble cada día pasado en prisión preventiva para fijar condena.
Marijuan abrió la investigación tras la denuncia del abogado de derechos humanos Marcelo Parrilli contra los jueces Elena Highton, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, estos dos últimos magistrados designados el año pasado, propuestos por el presidente Mauricio Macri.
El fiscal sostiene que la aplicación de la ley en el caso Muiña «resultaba contraria a las leyes e instrumentos internacionales que rigen en la materia».
También se impulsa un juicio político contra los tres jueces «que podría removerlos y de otro lado se promueve una ley aclaratoria que delimite la inaplicabilidad de esta reducción de condena en presos y condenados por lesa humanidad», explicó a la AFP el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat.
Nunca más
Victoria Donda es uno de los 122 nietos recuperados gracias al trabajo de la organización Abuelas de Plaza de Mayo. Como diputada y presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la cámara baja afirmó que «a los genocidas no se los perdona».
El apropiador de Donda, el exprefecto Juan Antonio Azic, de 76 años, fue uno de los primeros en pedir el beneficio de reducción de su condena, decidida en 2012 a 14 años por el robo de la diputada hija de desaparecidos, y otros 10 años por la apropiación de Laura Ruiz Dameri.
«No queremos que ningún genocida esté caminando en nuestras calles», reclamó Donda al revivir la crueldad de la dictadura.
Carlotto calificó de «triunfo parlamentario» la aprobación de una ley que corrige un dictamen que consideró vergonzoso y que les hizo revivir episodios que daban por zanjados en la justicia.
«Más allá de lo doloroso en lo personal, el ‘2×1’ es una aberración jurídica», indicó Donda, una de los 500 bebés robados durante el régimen cívio-militar que dejó 30.000 desaparecidos, según organismos de derechos humanos.
Argentina «se ha instalado como modelo de lucha y restitución de derechos» tras la última dictadura. «Este recorrido no puede desandarse», señaló Amnistía Internacional en repudio al fallo.
En Washington la ONG Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) indicó que la Corte «ignora la necesidad de dar una respuesta diferenciada y severa a los crímenes contra la humanidad», expresó Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de la entidad.
La lupa en la Corte
Los tres magistrados que votaron a favor del represor fueron acusados de prevaricato. Fallaron a favor de Muiña aplicando una ley derogada en 2001, que permite computar doble el tiempo pasado en prisión preventiva a la hora de fijar la condena.
Los debates en el Congreso lograron consenso en un país polarizado entre los defensores de los gobiernos centroizquierdistas de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2007 y 2007-2015) y los que apoyan al actual gobierno de derecha.
En 2005 se derogaron las leyes de amnistía para los autores de crímenes de lesa humanidad, lo que permitió 689 condenas por tortura, secuestro y asesinato de opositores, según un informe judicial a junio de 2016.
El diputado kirchnerista Carlos Kunkel, de 71 años, aprovechó el debate para hacer una «autocrítica» como militante en los años 1970 del movimiento guerrillero Montoneros.
«Estoy en una generación que respondió a la violencia que sufríamos desde 1955 con violencia, cometimos excesos, nos equivocamos en muchos de esos excesos y por supuesto hemos demostrado desde la restauración de la democracia que no vamos a incurrir nunca más en esas desviaciones», dijo Kunkel.
Ciudadanía aún no convencida
En estado de alerta los argentinos marcharon para repudiar un fallo de la Corte Suprema capaz de excarcelar a represores de la última dictadura, y que el Congreso frenó pero sin convencer a la ciudadanía de que la política de derechos humanos está fuera de peligro.
«Señores jueces: Nunca más ningún genocida suelto. 30 mil detenidos-desaparecidos ¡presentes!'», fue el lema de una marcha que por primera vez en la historia invitó este miércoles a los asistentes a llevar sobre sus cuellos el simbólico pañuelo blanco que identifica a las veteranas activistas Madres de Plaza de Mayo.
En esa plaza del centro de Buenos Aires, frente a la Casa de Gobierno, miles de manifestantes se mezclaron con cantantes, políticos de todas las tendencias, futbolistas, legisladores, referentes de derechos humanos e integrantes de Amnistía Internacional.
«Tenemos que protestar para que ni se les ocurra largar a los genocidas otra vez», dijo a la AFP Alba Cervantes, una mujer que colgaba en su cuello la foto de su hermano desaparecido el 20 de septiembre de 1977, Miguel ‘Cacho’ Cervantes por la dictadura que marcó a Argentina entre 1976 y 1983.
Cervantes, como una gran mayoría de los manifestantes, recibió con sospechas la rápida ley que aprobó el Congreso contra el polémico fallo de la Corte.
«Es una medida distractiva, para que el presidente (Mauricio) Macri siga implementando sus medidas económicas contra el pueblo», dijo.
