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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
“La propuesta de ley de reconciliación presentada por el diputado Parker (PDC), nos parece lesiva al derecho a la verdad”, consideró Loyda Robles (FESPAD), en reacción al llamado de atención de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) para Centroamérica, en referencia a la proposición de la derecha legislativa.
“Desde las organizaciones de sociedad civil, hemos venido pronunciándonos sobre esa propuesta de ley que nos parece lesiva para el derecho a la verdad, y hemos hecho un llamado para que no se siga en este proceso. Porque el país ha avanzado al declarar inconstitucional la Ley de Amnistía, que estaba vigente; esperamos entonces que no sigan con esa iniciativa”, expresó Robles.
“Si esta ley (reconciliación nacional) se aprueba, se amnistiaría a responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, se vulneraría el derecho de las víctimas a la justicia y reparación, y eso sería un grave revés para El Salvador”, dijo Bachelet, desde el OACNUDH.
“Retomamos las palabras de la Comisionada (Michel Bachelet), porque están en sintonía con nuestros planteamientos y exigimos desde este momento a la Asamblea Legislativa por el derecho a las víctimas”, manifestó.
La reacción de rechazo de las organizaciones de derechos humanos, se alzó desde el pasado 19 de febrero de 2019, cuando el diputado Rodolfo Parker, quien integra la comisión adhoc de la Asamblea Legislativa que trabaja en una ley de reconciliación ordenada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, no cumple con los requisitos éticos, señaló Eduardo García, coordinador de Pro Búsqueda, al considerar que toma elementos de la derogada Ley de Amnistía de 1993.
“El hecho que la Asamblea Legislativa mantenga una comisión ad-hoc, con personas en evidente conflicto de interés por su anterior participación en el conflicto armado, solo evidencia una táctica dilatoria para cumplir con la sentencia de la Sala de lo Constitucional, emitida ya casi tres años atrás”, manifestó.
El artículo 1, de la propuesta borrador y que ahora se considera “insumo”, menciona directamente la concesión de una amnistía: “amplia, absoluta e incondicional”, a favor las personas involucradas en el conflicto armado. Y si participaron o cometieron delitos políticos, comunes y conexos a estos, antes de enero de 1992.
“El volver a expresar la propuesta hecha por el diputado Parker, en términos como la amnistía absoluta e incondicional, solo demuestra la intención de desacatar la sentencia de la Sala de lo Constitucional, y por tanto es evidente que la falta de idoneidad de las personas que integran esta comisión adhoc designada por su presidente Norman Quijano, solo genera revictimización”, sostuvo.
García consideró que postergar el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, no solo lástima nuevamente a las víctimas, sino que raya en la falta de humanidad del primer órgano del Estado salvadoreño.
“Al final este proceso, nuevamente de negación de lo ocurrido, de no querer investigar, de no sancionar a los responsables para llevar a la justicia, cualquier caso de los interpuestos ante la Fiscalía o ante los juzgados, terminaría llevando nuevamente al país ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). porque seguir negando la justicia y la reparación, es negar las causas que nos llevaron al conflicto armado, por la injusticia social, la desigualdad y situaciones de violencia que no deberían repetirse”, puntualizó.
