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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Familiares de personas detenidas injustamente en el régimen de excepción, con el acompañamiento de la abogada Roxana Cardona, entregaron la mañana de este martes en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucional contra el Decreto Legislativo 803, ya que viola derechos constitucionales.
Es de recordar que, en agosto de este año, se aprobaron “Disposiciones transitorias y especiales para ordenar el procesamiento de imputados detenidos en el marco del régimen de excepción”, es decir, el decreto 803, con el cual, se le faculta a la FGR llegar hasta agosto de 2025 para acusar a los imputados detenidos en el régimen, con base a la estructura de pandilla a la que pertenezca, denominación, territorio y otros criterios.
La abogada Roxana Cardona recordó que el 31 de agosto de este año, presentó una demanda de inconstitucionalidad en contra del Decreto 803, donde se solicitó como medida cautelar de no aplicación de este por violación a derechos fundamentales y constitucionales.
“Siendo que, hasta la fecha, el ministerio público ha solicitado una interrupción del plazo de instrucción para ordenar en un solo proceso, solicitando dos años para ordenarlo, siendo hasta el 2025 y luego pedir otros dos años para la etapa de instrucción, donde los señores jueces están concediendo dicho plazo”, dice el documento, es decir, los casos se pueden resolver hasta en 2027.
Para Roxana Cardona, los únicos afectados por esta medida serán los privados de libertad, ya que, en los 2 años próximos, no habrá investigaciones y tampoco habrá audiencias, “después del 2025, cuando tengan agrupadas a todas las personas, la FGR va a solicitar una nueva prórroga (al decreto) para irnos hasta 2027, donde ahí comenzarán a investigar; esto es totalmente grave”.
La “ampliación” del plazo no existe en dicho andamiaje jurídico ni procesal, especialmente cuando administrativamente se está solicitando, no merece alargarlo estando personas sin vínculos con las pandillas en detención provisional, dicha etapa es para recopilar prueba para poder acusar, no para subsanar procesos administrativos al ministerio fiscal”, argumenta la demanda.
Es por ello, que se elaboró una demanda de inconstitucionalidad, previendo tales violaciones, y se solicita como medida cautelar no aplicarla, hasta que la Sala resuelva declararla inadmisible. “Sin embargo, los jueces, basándose en el decreto 803, están concediendo dos años al ente fiscal, están olvidando que dicha etapa es para garantizar los derechos de las personas detenidas”.
La situación de las personas privadas de libertad sin ningún vínculo pandilleril será afectada en su valor más preciado: la libertad y la vida. Miles de personas que no tienen vínculos con pandillas han sido detenidas en el régimen de excepción.
Maribel Amaya, madre de Jorge Luis Amaya, un joven de 19 años, estudiante del idioma inglés, quien fue detenido el 14 de mayo de 2022, en Quezaltepeque, llegó a la CSJ para alzar su voz, ya que su hijo fue capturado sin tener vínculos con pandillas.
“Me hago presente para alzar mi voz por mi hijo y por todas esas personas que nunca debieron poner un pie en un centro penal. Nosotros tenemos todas las pruebas para comprobar que nuestros familiares son inocentes, pero no somos escuchados”, comentó Amaya.
La madre reafirmó que Jorge Amaya es un joven inocente “y no es justo que por cuestiones de que el gobierno quiera tener popularidad a nivel internacional, dando datos mentirosos, diciendo que han capturado a pandilleros cuando no es así”.
“Nosotros estamos agotando todos los recursos legales en el país, pero no estamos siendo escuchados, entonces, lo que procede es que vamos a irnos a nivel internacional, porque jamás me voy a dar por vencida, porque es mi hijo el que está ahí y él no se merecía estar en ese lugar”, lamentó la madre.
