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Óscar Miguel Marroquín
Periodista
¿Cuál es el origen de esta interrogante?
Recientemente, la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, visitó El Salvador y, a pocas horas de pisar suelo salvadoreño, la mandataria hizo un recorrido por uno de nuestros más bellos monumentos: el Centro de Confinamiento del Terrorismo CECOT. En estas modernas, hermosas y asombrosas instalaciones, se guarda celosa y cuidadosamente el resultado de una sociedad putrefacta; es decir, se guarda lo que ha dejado como resultado un modelo neoliberal perverso, capaz de enriquecer a unos cuantos y empobrecer a la mayoría; se guarda también, el resultado de la corrupción y, por si eso fuera poco, se guarda a la vez el resultado de un modelo de “democracia representativa” violenta, al servicio de la oligarquía y bajo el respaldo incondicional de los Estados Unidos.
La visita de la presidenta Fernández nos hace recordar inevitablemente que Costa Rica abolió la existencia de su ejército en 1948, y que desde aquel entonces esta nación centroamericana parece que no ha visto la necesidad de refundar al ejército, ni en los peores momentos en que Estados Unidos requería un bloque monolítico contra lo que dieron en llamar el expansionismo soviético, que no era otra cosa más que evitar la penetración de la Unión Soviética al suelo del continente americano. Los norteamericanos estaban plenamente convencidos de que los ejércitos de toda América Latina lograrían contener a los soviéticos.
En 1979, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Nicaragua tumbó mediante la lucha armada la dictadura de Anastasio Somoza Debayle; luego los sandinistas se declararon antiimperialista; palabras más, palabras menos, ya que los sandinistas veían a Estados Unidos como un enemigo. Los gringos no tardaron en reaccionar; de inmediato, vieron el territorio hondureño como un lugar idóneo para formar, entrenar y armar la contrarevolución, este ejército irregular fue conocido como “los contras”. El presidente de Honduras, Roberto Suazo Córdova, no vaciló en permitir la violación de la soberanía hondureña por parte de Estados Unidos, para que desde suelo catracho los contras cometieran ataques militares y, además, acciones de sabotaje a la economía nicaragüense con ayuda de la Central de Inteligencia Americana (CIA).
En medio de esta situación geopolítica, Costa Rica se mantuvo firme en su disposición de no tener ejército, pese a que mantuvo durante la década de los años 80 un vecino considerado nada amistoso; es decir, un vecino que inquietaba a las oligarquías centroamericanas, porque estas consideraban que el FSLN ampliaría su modelo a otros lugares. No obstante, Costa Rica, pese a no tener ejército, nunca sufrió en sus fronteras con Nicaragua percances mayores.
Por otra parte, en lo que respecta a El Salvador y a su ejército, las cosas son completamente diferentes: en 1932, las fuerzas militares salvadoreñas abrieron fuego contra una revuelta de campesinos en la zona occidental del país, bajo el argumento de evitar el comunismo; bajo esa sola razón, miles fueron asesinados, incluyendo a: Agustín Farabundo Martí, Alfonso Luna, Mario Zapata, Feliciano Ama dirigentes campesinos, entre otros. El general Maximiliano Hernández Martínez se convirtió en el héroe de la oligarquía agroexportadora. Los comunistas habían dejado de ser un peligro. En adelante, la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda se encargarían de controlar cualquier asomo de nuevas revueltas campesinas.
Pasadas algunas décadas, en El Salvador se abrió un nuevo momento de convulsión social; los campesinos exigían una reforma agraria a lo largo del país, mientras que obreros y empleados se organizaban en sindicatos; maestros y estudiantes también se organizaron en asociaciones. Paralelo a esto, la oligarquía y las fuerzas armadas no tenían en mente ni siquiera un remedo de democracia electoral; en otras palabras, el orden establecido o, más bien, las relaciones de poder, eran según ellos inamovibles.
Los mecanismos de poder y de fuerza ejercidos por la oligarquía y sus fuerzas armadas utilizados en contra de las organizaciones sociales muy pronto tomaron un rumbo diferente. Al inicio de la década de 1970, se fundó en El Salvador el grupo guerrillero Fuerzas Populares de Liberación (FPL); luego después, aparecieron otros más que optaron por la lucha armada. Esta modalidad de lucha cambió por completo las relaciones de fuerza entre la oligarquía-fuerzas armadas y los sectores más empobrecidos, quienes reclamaban una sociedad más equitativa y democrática.
El ejército salvadoreño, en su incapacidad por contener el accionar guerrillero, optó por el mecanismo de la represión: masacres continuas de campesinos, obreros, estudiantes y maestros fueron denunciadas nacional e internacionalmente. El arzobispo de la Iglesia Católica Óscar Arnulfo Romero denunció desde el púlpito de la catedral las masacres cometidas por el ejército y suplicó en nombre de Dios el cese a la represión. Esto le valió una bala en el corazón. El mayor del ejército Roberto d’Aubuisson Arrieta aparece como el director intelectual de este asesinato.
Tras el martirio de monseñor Romero, las masacres, asesinatos selectivos, capturas y desaparecidos se incrementaron; el ejército y los tres cuerpos de “seguridad” se vieron involucrados en espantosos crímenes como, por ejemplo, el secuestro, violación y asesinato de cuatro misioneras religiosas estadounidenses: Ita Ford, Maura Clarke, Dorothy Kazel y Jean Donovan. Tras una inmediata investigación solicitada por los Estados Unidos, cinco miembros de la Guardia Nacional (Daniel Canales Ramírez, Carlos Joaquín Contreras Palacios, Francisco Orlando Contreras Recinos, José Roberto Moreno Canjura y Luis Antonio Colindres Alemán) fueron encontrados culpables. No conformes con todo lo anterior, el ejército salvadoreño, en medio de una ofensiva guerrillera, decide asesinar a seis sacerdotes jesuitas, una empleada y su hija. En El Salvador, España y otros lugares del planeta, el caso continúa abierto.
Hasta aquí se ha querido mostrar por qué la sociedad costarricense se niega a tener ejército; cualquiera con un mínimo de razonamiento podrá comprender que el modelo de Costa Rica debería ser tomado en consideración inmediata en nuestro país.
En la segunda parte de este artículo se dará a conocer cuáles son las implicaciones sociales y económicas del militarismo en El Salvador y el modelo de la no existencia de un ejército en Costa Rica.
