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Gabriela Sandoval
@Gabriela_Sxndo
El Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica brindó este jueves el informe “Sistemas de justicia y criminalización de la ciudadanía en la región”.
En el informe, las organizaciones solicitaron al Estado salvadoreño cesar la instrumentalización del sistema de justicia para promover procesos de criminalización contra sindicalistas, defensores de derechos humanos y líderes ambientalistas.
«Tenemos problemas en común en la región. En el caso de El Salvador, se han visto casos como la destitución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en 2021 de un día para otro, sin ningún procedimiento, una jubilación obligatoria de jueces y juezas, la detención del hijo del líder indígena Silverio Morales, sindicalistas privados de libertad y la detención de cinco líderes ambientalistas en Santa Marta, entre otros», agregó Héctor Carrillo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).
El informe destacó hechos concretos, como personas capturadas arbitrariamente en todos los países de la región. En El Salvador, identificaron violaciones de derechos humanos, en el contexto de las libertades sindicales tras luchas económicas en el 2023.
«Todo ese contexto del debilitamiento de justicia ha posibilitado que existan casos emblemáticos de criminalización de personas que se dedican a defender derechos, entre ellos sindicalistas por exigir cosas elementales como uniformes de trabajo o el pago de su salario atrasado», dijo Carrillo.
Asimismo, se identificó procesos de investigación amañados en perjuicio de personas u organizaciones defensoras de derechos humanos. En El Salvador, se sumó el proceso impulsado contra activistas ambientalistas de ADES Santa Marta, así como campañas de desprestigio contra organizaciones de derechos humanos promovidas y alentadas por funcionarios públicos.
Las organizaciones hicieron un llamado a los otros Estados de la región para que atiendan todas las recomendaciones contenidas en el informe con urgencia. Al Estado de Guatemala, solicitaron garantizar la transparencia en el proceso de elección de magistrados para cortes.
