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Organizaciones sociales exigen a la Asamblea Legislativa a tomar en cuenta la propuesta de Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos. Foto Diario Co Latino/Archivo.

Organizaciones demandan protección a personas defensoras de derechos humanos

Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino

“Estamos haciendo esfuerzos desde las organizaciones para seguir impulsando la propuesta de Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos, que aún no toca el órgano Legislativo”, dijo Néstor Urquilla, de COMCAVIS Trans, en el cierre del Tercer Encuentro Nacional de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos.

Las demandas de organizaciones de la población LGBTI, mujeres, medioambiente, memoria histórica, víctimas de desplazamiento forzado, juventud, libertad de expresión y los empleados públicos despedidos son, entre otras, para que el Estado salvadoreño establezca “puentes” y mecanismos de comunicación “reales” con las organizaciones sociales.

En materia de Memoria Histórica, Ovidio Mauricio González descalificó las declaraciones de los abogados del Instituto de Derecho Militar de El Salvador, sobre un posible cometimiento de delitos que realizaron los exmagistrados de la Sala de lo Constitucional, al derogar por inconstitucional la Ley de Amnistía, el 13 de julio de 2016.

“Sobre la resolución de la Sala de lo Constitucional, en lo relacionado a la Ley de Amnistía puedo decirles que no existe tal delito, además de ser el tribunal máximo ha sido una resolución que ha sido aceptada por instancias internacionales como válida y acorde a los estándares de derechos humanos. No creo prospere esta petición, creo que no tiene validez y, si el fiscal general (Raúl Melara) establece una investigación en este caso, estaría él cometiendo prevaricato (resolución arbitraria) por hacer algo que la ley no le prevé”, explicó Mauricio González.

Mientras, Katerin Mena, de Asociación Pro-Búsqueda señaló la indiferencia del Estado salvadoreño, que sigue negándole el acceso a la justicia a las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado y a la reparación. “Mientras no tengamos acceso a la verdad, la justicia, reparación y garantías de la no repetición de las graves violaciones ocurridas, nos preocupan los intentos de querer aprobar una nueva Ley de Amnistía, que tratan de disfrazar de Ley de Reconciliación Nacional e incumplir la sentencia de la Sala de lo Constitucional, que demandamos la Asamblea Legislativa la apruebe antes del 28 de febrero”, señaló.

En cuanto a los derechos de la población LGBTI, denunciaron la nula actividad de la Fiscalía General de República y el sistema judicial para investigar y procesar a los agresores de los crímenes de odio que sistemáticamente irrespetan los derechos humanos de este sector social.

José Cortez Vásquez (coordinador del Área de los Pueblos Originarios) expresó que a los pueblos originarios y afrodescendientes les preocupa la no ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que consigna el respeto a pueblos tribales en sus condiciones sociales, culturales y económicas a la colectividad nacional.

“Nos preocupa el retardo en una Ley de Protección Indígena y Afrodescendientes, ya que nuestros derechos están siendo vulnerados por el despojo de tierras por las grandes transnacionales y nacionales”, consideró.

Sobre los derechos de las mujeres, las organizaciones sociales exigieron al Estado salvadoreño el cese de la “violencia institucional” y prepondere la vida de las víctimas, persiguiendo y penalizando a los agresores sexuales y erradicar las prácticas de discriminación aplicando la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.

Asimismo, expresaron su repudio a las acciones encaminadas a violentar el derecho de la “libertad de expresión” de personas defensoras en la acción de la denuncia ante los grupos de poder que vulneran el territorio de las comunidades. A lo que se suman los despidos injustificados de empleados públicos, que consideran “arbitrarios” y violatorios a los derechos de los y las trabajadoras.

Carlos Lara, representante de la organización Azul Originario señaló: “Repudiamos el accionar del presidente Nayib Bukele al eliminar programas sociales que estaban orientados a fortalecer las capacidades y habilidades de empleo en las juventudes, como Jóvenes con Todo y Actívate por la Convivencia, y el acoso que la juventud recibimos al vivir en zonas vulnerables”.

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