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Por: Leonel Herrera*
El sistema judicial sigue postergando el cierre del proceso penal contra los ambientalistas antimineros de Cabañas: el Juzgado de Sentencia de San Vicente ha suspendido nuevamente la entrega por escrito del fallo absolutorio.
El fallo fue presentado oralmente el pasado 24 de septiembre. Sin embargo, la entrega de las copias íntegras de la resolución ha sido suspendida en tres ocasiones: el 24 de octubre, el 28 de noviembre y este 19 de diciembre. La justificación en la primera y la tercera suspensión fue que la sentencia “está en revisión”, mientras que en la segunda el motivo fue que la entrega coincidía con una convención del órgano judicial realizada en esa misma fecha.
El efecto de dilatar la entrega escrita del fallo absolutorio es la postergación del fin del proceso judicial y el cierre de este sonado caso de criminalización del activismo ambiental y persecución de la resistencia comunitaria contra la reactivación minera. Sin el fallo por escrito no pueden agotarse los plazos y eventuales recursos procesales.
Tal como han denunciado la Comunidad Santa Marta y organizaciones sociales, el malévolo propósito de esta estrategia dilatoria es “alargar el sufrimiento de los procesados, sus familias, su comunidad y sus organizaciones”.
Las tácticas dilatorias han sido una característica de este proceso judicial. La principal de éstas fue la repetición del juicio a finales de julio pasado en el Juzgado de Sentencia de San Vicente, por órdenes de la Cámara Penal de Cojutepeque que anularon el primer fallo absolutorio dado por el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque en octubre de 2024.
El Juzgado de Sentencia de San Vicente suspendió la repetición del juicio en cinco ocasiones y ahora lleva tres veces suspendiendo la entrega escrita del segundo fallo absolutorio. Esto confirma claramente una sistemática actitud dilatoria de los jueces que integran el referido tribunal.
Estas tácticas dilatorias también se aplican en otros casos de persecución política en los cuales la Fiscalía, al no tener pruebas reales y ante la imposibilidad de lograr condenas, solicita prórrogas inútiles e innecesarias de la fase de instrucción sólo para estirar los plazos y alargar por el mayor tiempo posible los procesos judiciales. Esto ha sucedido en casos como los de Ruth López, Eugenio Chicas y los dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz
Como he señalado en otras columnas de opinión, las estrategias dilatorias también son una práctica generalizada contra los presos inocentes detenidos en el marco del régimen de excepción, a quienes ni siquiera se les ha realizado audiencia inicial. Decenas de miles de personas llevan casi cuatro años encarceladas, sin ser llevadas ante un juez y sin ver a sus abogados y familiares, lo cual es extremadamente ilegal, cruel e inhumano.
El pasado 25 de noviembre el oficialismo aprobó la prórroga número 45 del régimen de excepción, lo cual significa que esta grosería y barbarie continuará. Continuará hasta que la población despierte, exija y se movilice para restablecer el debido proceso penal y el estado de derecho.
*Periodista y activista social.
