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Francisco Américo Mejía
Las elecciones que se aproximan de diputados y alcaldes se caracterizan, en el caso de los diputados, por el voto fraccionado y cruzado, lo que significa que los ciudadanos votantes pueden distribuir su voto entre tantos candidatos de los diferentes partidos políticos y candidatos individuales como le plazca, lo único que no puede hacer es anular una parte de su voto (!); esto crea la situación de que para saber cuántos votos tiene cada candidato hay que sumar fracciones, lo que en general no pueden hacer las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y por lo tanto ¡no saben cuántos votos obtiene cada candidato y partido! Lo anterior significa que para “contar” los votos obtenidos se necesita un programa de computadora que haga los cálculos; lo que la JRV hace es llenar un acta en que se registra cómo los votantes emiten su voto y cómo lo distribuyen entre los candidatos.
Con toda razón dice el magistrado presidente del TSE que nuestro sistema electoral es uno de los más complejos del mundo, volviéndolo oscuro y poco transparente, a tal grado que las JRV no conocen los resultados de su mesa, lo que puede incidir negativamente en la confianza que se puede tener en un sistema tan complicado. La otra característica es que se vuelve oneroso, necesitando escáner, computadoras, etc., que no resuelven el problema de transparencia, quedando en la buena fe y funcionamiento correcto de tales máquinas. Se le agrega ahora una nueva situación extraña: los votos de los individuales se sumarán como si fuera un partido político y el que más marcas tenga, si el conjunto de individuales llega al valor necesario para obtener un diputado, será nombrado diputado electo, aunque sus marcas sean unos pocos cientos y además que sean de poco valor (fracciones pequeñas); esta nueva propiedad es debida a la voluntad de cuatro personas que están legislando, inconstitucionalmente, sobre los asuntos electorales.
En el país existe una campaña para desprestigiar a los partidos políticos, haciéndolos responsables de la pobreza, la violencia, la corrupción y el resto de problemas que padece el país. Esto tiene doble propósito, por un lado esconde a los verdaderos responsables de la pobreza, que se genera por el sistema socioeconómico que hemos padecido desde que iniciamos como país independiente y por otro, desprestigiar a la izquierda; para muestra de la situación de explotación señalemos el nivel de salario mínimo y el costo de la vida (¡en algunos bienes, el país es más caro que Estados Unidos!). La mayoría de especialistas saben que la delincuencia se genera evidentemente en países con mucha pobreza, pero la delincuencia que produce la pobreza es muy diferente del fenómeno delincuencial que padecemos, y donde el crimen organizado es fundamental para explicarlo. Pregonar que los políticos (los partidos) son los causantes de estos fenómenos es una posición difamatoria.
Esta corriente difamatoria está concentrada contra la izquierda, tal como se muestra en Latinoamérica: Se difama a la expresidenta Cristina Kirchner, al expresidente Lula da Silva, al presidente Evo Morales, etc. Nuestro país no es la excepción, señalando que la izquierda es incapaz y corrupta, ocultando el boicot que la extrema derecha impulsa contra el gobierno, tratando de eliminar los elementos del programa de gobierno, que a su criterio, más favorecen la gestión del FMLN (paquete escolar, paquete agrícola, gobernando con la gente, construcción de calles rurales y carreteras, etc.), para ello cuentan con la mayoría de medios de difusión (televisión, prensa escrita, radio, troles, etc.), grupos de “analistas”, “tanques de pensamiento”, ONG de “sociedad civil” y además el concurso internacional de la derecha imperial. Últimamente han agregado una nueva y preocupante estrategia: eliminar a los medios de comunicación que no le son afines, que presentan información y análisis alternativos, tal es el caso de la agresión contra la televisora GENTEVÉ. La corriente difamatoria tiene el propósito primordial de promover el individualismo contra el colectivismo, ideología propia del capitalismo que se vuelve elemento principal en la era del neoliberalismo.
Las creaturas (individuos, ciudadanos) del sistema son espontáneamente defensores del sistema social que los explota, ya que los Aparatos Ideológicos de Estado (familia, escuela, medios de comunicación, aparato jurídico, aparato político y aparatos culturales) reproducen la idea que desde el 15 de septiembre de 1821 el país vive en una democracia que reparte justicia e igualdad y que además se desvela por buscar el bienestar de la población, especialmente de los más pobres. Estas ideas fantasiosas y falsas se han implantado en la población por medio de constantes campañas político-ideológicas y han logrado que los ciudadanos las acepten como verdades, pese a que las estadísticas sociales nos pinten un país lleno de miserias y calamidades. Por ejemplo el analfabetismo reporta las siguientes cifras: 1990, 27.4%; 2000, 21.3%; 2010, 16.6% y ahora con el gobierno actual llegamos a 2016, 10.9%. Las estadísticas de pobreza nos dicen que en 1960 el 20% más pobre recibía solamente el 5.5% del ingreso nacional, mientras que el 20% más rico recibía el 63.3% del ingreso. En 1990 la situación era el 20% más pobre recibía el 4.48%, mientras que el 20% más rico el 51.2%. Según el Banco Mundial, el 25% de la población del país vive en pobreza extrema (2015).
La decisión de la Sala de lo Constitucional de sacar a los partidos políticos de las JRV ha creado otro problema más, ya que no se está seguro de formar todas las JRV que se necesitan y con el personal calificado adecuadamente. Los medios dominantes solamente señalan la falta de presupuesto, echándole la culpa al gobierno, pero justificando solapadamente el encarecimiento del proceso, ya que es la empresa privada la ganadora de estos nuevos recursos. Los principales ganadores monetarios de los procesos electorales son los medios de comunicación. Todas estas dificultades auguran grandes problemas para las elecciones: ¿Podrán las JRV llenar correctamente las más de diez actas que involucra el proceso? ¿Funcionarán sin trampa los equipos informáticos para crear confianza en la población? ¿Cuánto tiempo se tardarán en dar los resultados, sin crear problemas como en Honduras? Las complicaciones creadas por las sentencias de la Sala de lo Constitucional ¿crearán conflictos, dificultades o fraudes en el proceso electoral? ¿Qué se espera que hagan los partidos de izquierda y el pueblo ante posibles manipulaciones?
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dominado por las fuerzas de derecha ¿podrá enfrentar con imparcialidad los problemas que surjan en el proceso electoral? Las JRV ¿estarán formadas por personas “políticamente puras”, es decir, neutras respecto a la política electoral que estarán administrando? En este sentido, los miembros de las JRV ¿tendrían que votar nulo para no mostrar preferencias electorales y que en un futuro, si alguno declara que votó por algún diputado de izquierda, lo castigue la Sala de lo Constitucional, como pasó con el magistrado Ulises Rivas por declarar, un año después, que había votado por el Prof. Sánchez Cerén?
El pueblo debe pensar muy en serio sobre su futuro y las próximas elecciones y darse cuenta que si quiere cambios más profundos en el país debe darle más diputados a las fuerzas izquierdistas, es decir, al FMLN.
