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Solo los que no quieren darse cuenta, sovaldi sale porque no les importa la institucionalidad del país, help son capaces de ignorar lo grave que podrían resultar algunas de las resoluciones de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional -los de siempre-, que sin lugar a dudas siguen una estrategia de desestabilización a los gobiernos de izquierda.
La aceptación de una demanda de inconstitucionalidad y prohibición al ejecutivo, de negociar $900 millones en bonos, es más que claro que los cuatro de la Sala siguen la estrategia de la derecha política y empresarial partidista, de evitar a toda costa, que el Gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén logre salir adelante con las urgencias que el país le demanda.
Hay que recordar que al término del primer año de Gobierno del Presidente Sánchez Cerén, tanto la derecha política como empresarial, han insistido en que este Gobierno no ha hecho nada, y peor aún, que “no tiene rumbo”.
Que mejor medida de torpedear el rumbo, evitando que el Ejecutivo obtenga fondos para desarrollar los planes y programas sociales de más urgencia.
Cuando en abril pasado la Asamblea llevó a votación la aprobación de los 900 millones en bonos, quedó claro que el grueso de eso fondos iría para cubrir necesidades en educación, seguridad y otras áreas sociales y económicas.
De hecho, los primeros cien millones de dólares que se habían negociado el martes pasado, iban a ser destinados para la seguridad pública: para equipamiento de la policía, y mejorar alguna infraestructura.
Desde hace varios años, la policía viene urgiendo de equipo adecuado para luchar contra la delincuencia, pero, con la decisión de la Sala, de impedir el uso de esos recursos, pone en serios aprietos a nuestra policía para combatir ese flagelo.
Ojalá, y las declaraciones de algunos abogados reconocidos por sus aparecimientos en programas de opinión, sino es que hay presión popular, llevaran a los cuatro magistrados a desistir de ser parte de la estrategia desestabilizadora de la institucionalidad del país.
“Este país no es un laboratorio jurídico, el día en que te encuentres en una disyuntiva entre el derecho y la justicia, decídete por la justicia”, manifestó el abogado Nelson García, en clara alusión a los magistrados, para que no resuelvan definitivamente a favor de la inconstitucionalidad como ya lo dejaron entrever.
“Muy inconstitucional podría ser, pero a la base de esto tiene los intereses nacionales. Significa que esos 900 millones tienen una justificación en materia de seguridad, va para salud; es decir, si alguien alegara la inconstitucionalidad porque esos dineros van a ser utilizados en asesores, en viajes, en despilfarros, yo estaría de acuerdo en la inmediatez de evitar eso que está empobreciendo al país, que es la falta de austeridad, y que tuviera una respuesta de esta naturaleza”, sostuvo.
El ex magistrado Omar Pastor, citando artículos de la Constitución de la República manifestó que el procedimiento mediante el cual la Asamblea Legislativa recurre a un diputado suplente para aprobar leyes y otras normativas es constitucional.
Pastor, quien se remitió al artículo 131 de la Constitución dijo: “corresponde a la Asamblea Legislativa llamar a los diputados suplentes”. “No dice la Asamblea llamará al suplente de, es cualquier suplente”.
El pueblo salvadoreño debe estar consciente, que la estabilidad del país, y la procura de un futuro mejor, está en peligro por las decisiones interesadas de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional.
