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El abogado defensor de los líderes de la comunidad Santa Marta y representantes de la asociación ADES presentaron la semana pasada una petición de sobreseimiento definitivo, amparándose en la Ley de Reconciliación Nacional aprobada en enero de 1992, ley que recuperó su vigencia tras la derogación de la Ley de Amnistía por la Sala de lo Constitucional en julio de 2016.
La Ley de Reconciliación Nacional no es cualquier ley. Es la que permitió la desmovilización y el desarme de quienes pertenecían a las organizaciones guerrilleras, para lo cual estableció garantías para quienes participaran en procesos de reinserción y tareas de reconstrucción post guerra, entre éstas la extinción de la acción penal en casos de delitos comunes.
Por tanto, los líderes de Santa Marta y ADES, como ex integrantes de la Resistencia Nacional (RN), una de las cinco organizaciones que formaron el FMLN durante la guerra civil, están exonerados de la responsabilidad penal por los delitos que se les acusa. Esto es así aun si se comprobara la existencia de dichos delitos y la participación de los imputados en el cometimiento de los mismos.
Sin embargo, la defensa legal de los líderes comunitarios y las organizaciones nacionales e internacionales que les apoyan también insisten en que la Fiscalía no tiene pruebas reales y que su acusación se basa en un testigo protegido que no ha sido consistente en su declaración. Señalan, además, que no fue encontrado el cadáver de la supuesta víctima durante el proceso de exhumación realizado a finales del mes de junio.
Por tanto, el proceso judicial contra los representantes de Santa Marta y ADES debe ser anulado, por falta de pruebas y por la vigencia de la Ley de Reconciliación Nacional. Mantener la acusación contra ellos violenta los Acuerdos de Paz que fueron viables gracias a una normativa que dio certeza jurídica a los ex miembros de la guerrilla, tal como lo ha reconocido la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU) que propició la negociación, firma e implementación de los Acuerdos.
Desde que los defensores ambientales de Santa Marta y ADES fueron detenidos hace más de ocho meses, Diario Co Latino ha informado permanente sobre el caso, editorializado en algunas ocasiones y publicado decenas de columnas de opinión. Lo hemos hecho conscientes de la injusticia que representa criminalizar a estos defensores del medioambiente que lucharon para evitar la minería metálica y por la amenaza de una ola de persecución contra otros luchadores sociales que participaron en las gestas revolucionarias.
Consecuentes con esta postura, ahora nos sumamos al llamado unánime de las organizaciones sociales a revertir este proceso judicial y le pedimos respetuosamente al tribunal que lleva el caso que respete la vigencia de la Ley de Reconciliación Nacional. Si no lo hace, estará violentando los Acuerdos de Paz y perfilando un peligroso precedente jurídico.
