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Por: Nelson de Jesús Quintanilla Gómez, Sociólogo, y Profesor Universitario de la UES *
El Salvador cumplido el pasado jueves 27 de marzo tres años bajo un régimen de excepción adoptado en marzo de 2022 por el Gobierno del presidente Nayib Bukele contra las pandillas, tras la peor ola de homicidios registrada en la historia reciente del país con más de 67 muertes. Este orden, de acuerdo con Hugo Sánchez, si bien la medida goza de un amplio respaldo por su impacto en la reducción de la violencia en el país, ha sido cuestionada no solo por miles de denuncias de violaciones a derechos, incluidas muertes bajo custodia estatal; también por la reciente llegada de más de 200 venezolanos deportados por Estados Unidos (Sánchez, 2025).
Sánchez sostiene que a pesar de que el Gobierno de Bukele afirma haber desbaratado el funcionamiento de las pandillas con más de 85.000 arrestos, la Asamblea Legislativa ha venido ampliando la medida extraordinaria sucesivamente hasta 36 veces a petición del Ejecutivo, por lo que analistas consideran que se ha convertido en un mecanismo de “control social”. Sino también, en un instrumento de persecución política de la oposición como el caso de Eugenio Chicas y de los defensores de los derechos humanos como el caso de Fidel Zavala. Además, Sánchez agrega que la crisis de asesinatos, que dejó más de 80 muertes en tres días, fue el resultado de la ruptura de un pacto entre el Gobierno de Bukele y las pandillas, según investigaciones del medio local El Faro, pero su respuesta ha sostenido la aprobación del presidente y le granjeó su reelección, pese a la prohibición constitucional vigente.
En este contexto, un grupo de organizaciones humanitarias ha recibido denuncias de al menos 6.889 víctimas de violaciones de derechos humanos bajo el régimen de excepción, con la detención arbitraria con el 98 % de las denuncias, y en las que el 75 % de las denuncias señalan directamente a agentes de la Policía. Desde luego, esto es preocupante para la población en general y especialmente para la oposición ya que la violación a DDHH no se investiga por parte del gobierno y al contrario tiene una campaña publicitaria de tirarle flores a los tres años de estado de excepción diciendo que somos el país mas seguro de América Latina y que vivimos en paz e independencia. Sin embargo, eso es una farsa si se atiende la información de las víctimas de violación a derechos humanos.
El mismo presidente de la República ha admitido que en estas detenciones masivas, que han llevado al país a tener más de 107.000 presos en sus cárceles, se han capturado al menos a 8.000 “inocentes”, pero estos siguen atados a procesos penales a pesar de tener la libertad condicional. Esto implica que el régimen de excepción genera daños irreparables en la población como el miedo a expresarse y manifestarse de manera pacífica ya que algunos trabajadores los han despedido de sus puestos laborales por participar en marchas.
Hay que tener en cuenta que desde que se decretó el régimen de excepción, la tasa de homicidios ha disminuido en más del 80%, según lo reporta la Policía Nacional Civil. El gobierno de El Salvador hace hincapié en su política de mano dura contra las pandillas y ha promovido su estrategia como el “Modelo Bukele” para poder extenderlo a otros países de la región centroamericana. Sin embargo, a la sombra de este modelo persisten graves violaciones a derechos humanos y un preocupante retroceso democrático. Desde luego, la propagando publicitaria del “beneficio” de los tres años de Estado de Excepción busca opacar las quejas de la población por el cierre de mas de 70 escuelas y no menos de 3 Unidades de Salud y la falta de medicamentos en Hospitales y unidades de salud.
En este contexto, el Frente Magisterial Salvadoreño (FMS) informó que ya suman 70 escuelas cerradas en el gobierno de Nayib Bukele. Según el FMS, las justificaciones varían. En algunos casos dicen que remodelación de las escuelas, en otros casos por la falta de estudiantes y hasta por “falta de escrituras”. Recientemente, Idalia Zúñiga, secretaria general del FSM, dijo que “Son las mismas entidades públicas las que deben resolver el problema de escrituras y no cerrar las escuelas”. Asimismo, explicó que gobiernos anteriores facilitaban terrenos para el funcionamiento de centros escolares ante la necesidad en las comunidades. “Solo falta que quieran cerrar los centros escolares que funcionan en casas que el Ministerio de Educación alquila”, advirtió la dirigente gremial.
Sin duda alguna hay un desprecio por la educación y la salud de los salvadoreños. En este sentido, comparto la opinión de Norma Guevara que dice: “La educación es un valor que dura toda la vida” …aprendiendo a ser, a hacer, a conocer y a vivir juntos, con estos cuatro pilares podemos llegar a ser mejores personas, convirtiendo este mundo, en un mundo más justo y libre” (Ramirios, 2025). En ese orden, ningún gobierno del mundo debería cerrar escuelas, más bien debería construir más, mejorar las condiciones de las que ya están y preparar a los profesores para un mejor desempeño de su practica docente pensando en una formación educativa con calidad y calidez para crear la mano de obra que necesita el país para desarrollarse.
En El Salvador con el actual gobierno se cierran escuelas, unidades de salud, no se dota de medicamentos los establecimientos de salud y se construye Sur City, se gasta en eventos como Miss Universo y los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, se construye un Hospital para perros y gatos y pasamos de ser patio trasero a ser país carcelero de los gringos. Es decir, seguimos sometidos al imperio, ahora por unos cuantos dólares dada la crisis económica que vivimos y la sed del gobierno por más dinero.
