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Redacción: Eduardo Barahona
Fotografías: Cortesía UNES
Los pasados fenómenos naturales dejan en evidencia que las afectaciones llegan en mayor parte a las poblaciones empobrecidas del país, las tormentas Amanda y Cristóbal generaron una pérdida considerable de viviendas y la vida de 30 personas y un total 30,000 habitantes afectados.
Los estragos de estas crisis ante una mala gestión del Gobierno salvadoreño, esclarece que las poblaciones de las zonas rurales sufren en mayor grado las perdidas, exactamente en el departamento de Ahuachapán, en la comunidad Bola de Monte se ven devastaciones que tardaran meses, sino es que años en recuperarse, esta población que vive en zonas costeras, también son reconocidas por su trabajo ambiental y monitoreo climático, pero esta vez además de sus casas, sus medios de vida y subsistencia fueron afectados por las tormentas.
María Magdalena del Cid, quien reside en la comunidad Playa Bola de Monte, afirma que sus medios de vida fueron afectados, mientras señala los arboles tirados en el suelo. Los fuertes vientos arrasaron con la vegetación de sus cultivos,
“Se perdieron todos los arboles fruteros, de la comunidad, como el palo de aguacate, los de coco, limones y la plantación de huertas de bananos, hemos tenido una pérdida de nuestras viviendas, pero nos preocupa el no tener nuestros árboles, además el agua lluvia se vino y lleno los esteros y las casas y perdimos los productos marinos” relata Magdalena.
Erika, es otra pobladora que prefirió hablar en el anonimato, sobre su situación ya que aún lamenta las irreparables perdidas de productos alimenticios cultivados por ella y su familia
Las torrenciales lluvia y sumado a esto los fuertes vientos arrancaron desde la raíz las plantaciones frutales, de la comunidad, los pobladores aseguran que si bien es cierto el deterioro de sus viviendas les afecto, ven con mayor preocupación no poder cosechar, ni de sus hortalizas ni arboles perdidos.
A pesar de la situación desfavorable los habitantes la comunidad Playa Bola de Monte, no dudaron en presentar su ayuda humanitaria, científica y ambiental. Lucía Medina, de la comunidad El Castaño e integrante de le secretaría de jóvenes del Comité de Microcuenca El Aguacate (ACMA) aseguró que a pesar de las situaciones difíciles por las tormentas y el coronavirus, el accionar de la población también dio resultados positivos para poder evitar más estragos y las pérdidas de vidas humanas.
“Las iniciativas que hemos tenido en estos año es el monitoreo de las lluvias en nuestras comunidades, por la tormenta Amanda, porque nosotros corremos riesgos a las inundaciones por estar en zonas costeras, recibimos mucha agua lluvia, 161 milímetros, que nos ponía en riesgo que el río Paz, se llenara y desbordara”, explica la joven quien junto a mujeres, hombres y juventudes se han capacitado en el uso de pluviómetros para medir la cantidad de agua lluvia y tener un panorama de que acciones realizar en casos de emergencias.
De igual forma, Glenda Mangandi, de la comunidad El Porvenir e integrante de la junta directiva del ACMA, brindó su aporte en la mitigación de riesgo ante las inundaciones en la zona.
“Hubieron muchas casas inundadas, pero con el conocimiento, rescatamos a una familia que está en condiciones vulnerables, y las llevamos a las casa comunal, nos encargamos de monitorear la zona para ver cómo está a situación en la comunidad y que medida podríamos tomar.
En estas situaciones los pobladores y pobladores de la comunidad Bola de Monte, aseguran que es necesario que el Gobierno priorice en temas de mitigación de riesgos y defensa ambiental, ya que las reacciones ante los fenómenos naturales fueron enfrentados por los mismo habitantes y sus conocimientos, además aseguran que las grandes empresas de monocultivos como las de caña de azúcar generar perdida de bosques de galería que hacen más vulnerable a los deslaves de los ríos cercanos.
La pérdida de los cultivos también acrecienta la pobreza en los sectores rurales, ya que la mayoría de la población vive de la pesca y la agricultura. Según Estudios realizados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), esta será afectada por el cambio climático incidiendo en la pobreza extrema.
“En un escenario simulado con una pérdida proyectada de 5.6 % del producto agrícola de América Latina al 2025, se estima que un 6.9 % de personas del total de la población se mantendría en la indigencia en relación con el escenario base. Esto significa que un total de 3.8 millones de personas no saldrían de la indigencia como consecuencia del cambio climático”, dicta el estudio titulado: El cambio climático, la agricultura y la pobreza en América Latina.
Estos datos, sumando a la situación de vulnerabilidad de las poblaciones rurales y costeras dejan en evidencia que se debe apostar al tema ambiental, hasta el momento El Salvador no cuenta con una Ley de Soberanía Alimentaria y mucho menos con una Ley General de Aguas; la preocupación radica en que el crecimiento de las industrias avanza y la pedida de ecosistemas desequilibra la naturaleza y provoca cambios en la atmosfera que producen, terremotos, huracanes y deslaves.
Si bien es cierto los comités ambientales de Ahuachapán trabajan en la protección de los elementos naturales y la mitigación de riesgos, es un trabajo que ha dejado a un lado el Gobierno para poder reforzar y evitar que el cambio climático y las malas prácticas empresariales empobrezcan aún más a la población salvadoreña.
