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Juntas de Aguas de Sonsonate entregan a la Asamblea Legislativa una carta donde muestran su preocupación por la Ley de Recursos Hídricos. Foto Diario Co Latino /Samuel Amaya.

Cobro del canon a juntas de aguas afectará las familias más pobres

Samuel Amaya
@DiarioCoLatino

Las Juntas de Agua, Sistemas Rurales de Abastecimiento de Agua Potable, Asociaciones de Desarrollo Comunal de varios municipios de Sonsonate y la Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate, presentaron una carta ante la Asamblea Legislativa en la que muestran su preocupación sobre el anteproyecto de Ley de Recursos Hídricos, ya que, así como está normado, las juntas de agua no son consideradas de interés social a pesar de abastecer a miles de familias salvadoreñas con el agua.

“Vemos con preocupación que, aunque amplios y diversos sectores de la sociedad civil aportaron para que la legislación salvadoreña asegure el agua como un Derecho Humano, y dicho enfoque incluso se retoma en el artículo 2 aprobado por la Comisión, no se evidencia con claridad de qué manera se garantizará el vital líquido y su saneamiento de manera universal, accesible y asequible a toda la población”, dice parte de la carta que entregaron a la secretaria de la comisión ad hoc que estudia el anteproyecto.

Doris Elizabeth Robredo, representante de las juntas de agua de Sonsonate, afirmó que la preocupación es dado al problema de la Ley de Recursos Hídricos en la cual no contempla diversas necesidades de las comunidades. Por ejemplo, los diputados no se están preocupando por el medio ambiente, que hoy por hoy “está siendo tan dañado” en El Salvador; “si nuestro medio ambiente es dañado, nosotros no vamos a tener agua entre unos cinco o diez años. Ya comenzamos a tener problemas en nuestra comunidad con los permisos que se han dado de hacer nuevos cañales, el agua de nuestros nacimientos se está profundizando y estamos teniendo menos agua, entonces, necesitamos que la ley proteja las cuencas hídricas de nuestro país”, comentó.

La representante de las juntas de aguas externó también su preocupación por “el sistema mercantilista” que se le está dando a la ley, ya que a las juntas, las hacen ver como empresas privadas. “Nosotros no somos empresas privadas, somos salvadoreños tratando de darnos el servicio del agua por medio de nuestro mismo esfuerzo, porque nosotros hemos ido a trabajar, hemos cavado, hemos enterrado tubos, hemos hecho una infinidad de actividades para hoy poder tener ese poquito de agua en nuestras casas”, reveló.

Las juntas de aguas señalaron que es, incluso, “más preocupante” que actores como las Juntas o Sistemas de Agua Rurales estén siendo obligadas a pagar cánones por la extracción y vertidos de agua, complicando aún más, su débil estabilidad financiera. “Debería replantearse el hecho de que alrededor de 2,500 juntas de aguas en el país abastecen a cerca de 1 millón y medio de personas, pero no están siendo consideradas de manera estratégica en la ley”, señalaron.

Con este cobro que el Gobierno se les haría, podrían, incluso, ser ahogadas financieramente, ya que según lo planteó Doris Elizabeth Robredo, las juntas de aguas están “coyol quebrado, coyol comido”, refiriéndose a que el costo que tienen por distribuir el agua, eso mismo invierten para darle mantenimiento y conseguir el vital líquido. “Lo que se va cobrando, de eso se le va dando mantenimiento al agua”, ya que como es para consumo humano, “significa que hay que darle un buen tratamiento, esa agua tiene que estar pura, para que no se nos enfermen nuestras familias”.

Si el pago del uso del canon se avala, se tendría que aumentar a la cuota de agua para poder pagar ese impuesto; “para una familia de escasos recursos tener que pagar un dólar más, para ellos es doloroso, nuestras mujeres van a trabajar a los comedores por 3 dólares, si le quitamos un dólar de esos 3 dólares, ¿qué va a llevar a su hogar?”, lamentó Robredo.

Las juntas de aguas hicieron un llamado a los diputados de la Comisión Ad Hoc, a que considere la inclusión mediante ley de todos los sectores sociales, de tal manera que la gestión del bien hídrico no sea únicamente de la autoridad hídrica, sino que cuente con el apoyo y empuje de la sociedad salvadoreña; en ese sentido, las juntas dijeron que la ciudadanía puede ejercer niveles de gobernanza a nivel nacional y a nivel territorial que contribuya a una gestión hídrica sustentable y ejemplar.

Los representantes de las juntas de aguas comentaron que deben ser consideradas como de interés social por cumplir una función que los gobiernos no han cumplido hasta hoy. “No deben ser tratadas como entes comerciales que persiguen el lucro, ya que el impulso de las juntas es precisamente atender una necesidad básica y un derecho humano, como lo es, el abastecer agua”, concluyeron.

Entre tanto, la Comisión Ad Hoc que estudia el anteproyecto de Ley de Recursos Hídricos no ha sesionado por 6 semanas, se desconocen los motivos por el cual no se reúnen a pesar de tener ya aprobado todo el articulado, solo quedó pendiente la aprobación del nombre de la ley y los considerandos.

Mientras que la presidenta de la instancia legislativa, Sandra Yanira Martínez, de Nuevas Ideas, evadió a la prensa nacional que intentó conseguir una respuesta sobre el motivo de no sesionar.

En la convocatoria de esta semana, y específicamente para este jueves 3 de diciembre, no estuvo agendada. Sin embargo, quedó abierta desde hace 6 semanas; es decir, que pueden sesionar en cualquier momento si así lo consideran pertinente.

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